Junio 2026.
Este documento forma parte de una serie de trabajos impulsados por Misión Productiva orientados a reflexionar sobre los desafíos del desarrollo económico argentino y el papel que pueden desempeñar la industria y las políticas productivas en el siglo XXI.
Muchas de las ideas aquí desarrolladas fueron presentadas y debatidas en el Congreso Productivo para el Desarrollo organizado por Misión Productiva en 2026, que reunió a empresarios, académicos, dirigentes políticos, funcionarios y especialistas de distintas disciplinas y perspectivas.
El objetivo de este trabajo es contribuir a una discusión que suele quedar atrapada entre posiciones extremas o debates heredados de otro contexto histórico. A partir de la experiencia argentina, de las transformaciones que atraviesa la economía mundial y de las nuevas oportunidades productivas que enfrenta el país, proponemos una serie de reflexiones sobre qué entendemos por Industrialismo del Siglo XXI y cuáles podrían ser algunos de sus principios orientadores.
I. Introducción
La discusión sobre el rol de la industria constituye uno de los debates más persistentes de la historia argentina. Desde los escritos de Belgrano hasta la actualidad, las diferencias respecto sobre el papel de la industria en la estrategia de desarrollo del país han atravesado gran parte de la discusión económica y política. Ese debate adquirió un carácter pendular: etapas de protección y promoción industrial se alternaron con períodos de apertura y desregulación, con distinta intensidad según el contexto histórico. El resultado de esta dinámica fue una dificultad recurrente para sostener una política industrial de largo plazo, capaz de trascender los cambios de gobierno y consolidar consensos duraderos sobre el perfil productivo del país.
Durante los primeros años de la posconvertibilidad, la industria volvió a ocupar un lugar central en la estrategia económica, pero ese impulso no logró sostenerse en el tiempo. En un contexto de tipo de cambio competitivo, crecimiento del mercado interno y mejora de la rentabilidad de los sectores productores de bienes, el discurso industrialista recuperó protagonismo y fue acompañado por un conjunto de políticas de promoción. La industria atravesó entonces un período de fuerte expansión que la llevó a alcanzar niveles récord de producción y empleo hacia 2011. Sin embargo, una vez finalizada esa etapa de crecimiento acelerado, el sector ingresó en una fase de caída. Durante los últimos quince años, la industria mostró dificultades para sostener una trayectoria de expansión, alternando períodos de crecimiento y caída en línea con la volatilidad de la economía argentina.
La caída industrial de los últimos tiempos y el cambio de paradigma económico reciente reabrió preguntas de fondo sobre la estrategia productiva argentina. Frente a un sector que acumula más de una década en contracción y a un gobierno que cuestiona abiertamente muchos de los instrumentos tradicionales de promoción industrial, el debate dejó de girar únicamente en torno a cuánto proteger o cuánto abrir la economía. La discusión actual exige volver a preguntarse qué objetivos debería perseguir una política industrial en el siglo XXI, qué sectores poseen potencial de crecimiento y qué herramientas resultan adecuadas para fortalecer la competitividad en un contexto global muy diferente al de décadas anteriores.
A pesar de las dificultades que atravesó la industria argentina durante los últimos años, el país cuenta con una base productiva, tecnológica y empresarial relevante para pensar una estrategia de desarrollo hacia adelante. A lo largo de estas décadas surgieron y se consolidaron empresas capaces de exportar, innovar, invertir y competir en mercados internacionales, incluso en un contexto caracterizado por la inestabilidad macroeconómica, las restricciones financieras y los recurrentes cambios regulatorios. En prácticamente todos los sectores existen empresas de primer nivel, líderes regionales en distintos segmentos y con potencial para seguir expandiéndose, desde la maquinaria agrícola y la industria farmacéutica hasta la biotecnología o la petroquímica. Estas capacidades constituyen uno de los principales activos con los que cuenta la Argentina para construir una estrategia de desarrollo en las próximas décadas.
Esta realidad contrasta con la idea de que el entramado industrial argentino exclusivamente como un conjunto de actividades protegidas, orientadas a capturar rentas o dependientes de privilegios regulatorios para sobrevivir. Si bien existen algunas experiencias que justifican parte de esas críticas, también existe un conjunto amplio de capacidades productivas, tecnológicas y empresariales construidas durante décadas que constituyen un activo estratégico para el desarrollo del país.
El debate también se desarrolla en un contexto internacional muy diferente al de décadas atrás. El avance tecnológico, la irrupción de China como potencia manufacturera, las tensiones geopolíticas, la creciente preocupación por la resiliencia de las cadenas de suministro y el renovado protagonismo de las políticas industriales en Estados Unidos y Europa han vuelto a colocar a la producción y la tecnología en el centro de la discusión económica. En este escenario, pensar el futuro de la industria argentina exige comprender las transformaciones que están ocurriendo a nivel global y las oportunidades que estas generan. Sin embargo, el cambio de contexto no debería convertirse en una excusa para defender acríticamente instrumentos, políticas o esquemas que no lograron los resultados esperados. El desafío consiste en construir una mirada capaz de aprender tanto de los aciertos como de los errores del pasado, adaptando la estrategia industrial a las nuevas condiciones tecnológicas, económicas y geopolíticas del siglo XXI.
El objetivo de este documento es proponer una nueva síntesis para la estrategia industrial argentina. Si el principal problema de las últimas décadas ha sido la imposibilidad de sostener una estrategia productiva de largo plazo, romper esa lógica pendular exige identificar acuerdos que puedan sobrevivir a los cambios de gobierno. Para ello, resulta necesario revisar críticamente tanto los prejuicios “anti industriales” como las defensas acríticas de políticas que no siempre produjeron los resultados esperados.
A esa búsqueda de una estrategia de desarrollo productivo capaz de sostenerse en el tiempo la denominamos Industrialismo del Siglo XXI. Una visión que parte de evaluar con honestidad los resultados de las últimas décadas, identificar qué herramientas contribuyeron efectivamente al desarrollo productivo y cuáles mostraron limitaciones, y adaptar la política industrial a las nuevas condiciones tecnológicas, económicas y geopolíticas. Su objetivo es impulsar la transformación productiva de la Argentina, desarrollar nuevas capacidades competitivas, aumentar la productividad y las exportaciones y construir una economía más compleja, innovadora y dinámica. Para lograrlo, resulta indispensable construir acuerdos básicos que permitan sostener esa estrategia más allá de los cambios de gobierno.
II. El péndulo sobre la política industrial
La discusión industrial argentina continúa atrapada entre dos posiciones que, pese a sus diferencias, comparten una limitación: tienden a simplificar un problema complejo. Por un lado, persiste una visión que denominamos “industrialismo sustitutivo” o “nostálgico”, que asocia el desarrollo industrial con la reconstrucción de esquemas productivos similares a los del pasado y deposita buena parte de las expectativas en instrumentos tradicionales de protección y promoción. Por otro lado, existe una mirada aperturista o directamente anti industrialista que considera que la industria manufacturera ha perdido relevancia estratégica y que la Argentina debería concentrar sus esfuerzos en aquellos sectores donde posee ventajas comparativas más evidentes, sin preocuparse por la destrucción de capacidades productivas. Esta visión de la industria protegida constituye más un problema que una solución: un sector con capacidad de lobby que obtiene rentas a través de regulaciones y barreras comerciales que perjudican al conjunto de la economía.
El desafío para la Argentina no pasa por reconstruir el pasado ni por administrar el retroceso de su entramado productivo. El país cuenta con capacidades industriales, tecnológicas y empresariales que, en numerosos sectores, alcanzan estándares competitivos a nivel internacional; además de una base industrial destacada para un país no desarrollado. Esas capacidades constituyen un activo valioso y una plataforma sobre la cual construir nuevas ventajas competitivas. Al mismo tiempo, enfrentan desafíos de productividad, escala, inserción internacional y adaptación tecnológica que requieren una agenda de transformación profunda.
Buena parte de las capacidades productivas, tecnológicas y empresariales con las que cuenta hoy la Argentina fueron construidas al calor de políticas que promovieron la industrialización y el desarrollo tecnológico durante los gobiernos industrialistas. Reconocer las limitaciones de las estrategias industriales del pasado no implica desconocer sus logros. La discusión no pasa por abandonar ese legado ni por defenderlo acríticamente, sino por identificar qué instrumentos contribuyeron efectivamente a generar esas capacidades, cuáles mostraron limitaciones y cómo adaptarlos a las condiciones tecnológicas, económicas y geopolíticas actuales.
El Industrialismo del Siglo XXI parte de ese diagnóstico y propone una mirada pragmática que busca construir una estrategia industrial más sólida y sostenible. Reconoce que el desarrollo productivo argentino debe construirse sobre las capacidades existentes, pero también que esas capacidades necesitan adaptarse a un mundo que cambió. La pregunta es cómo transformar y fortalecer aquellas capacidades que permitan aumentar la productividad, generar innovación, expandir exportaciones y crear empleo de calidad en las próximas décadas.
III. Rol de la industria
El primer debate gira en torno al lugar que debe ocupar la industria dentro de una estrategia de desarrollo. Desde nuestra perspectiva, la industria no es el único motor posible del desarrollo argentino, pero sigue siendo una pieza central de cualquier estrategia de crecimiento sostenido.. El país cuenta con múltiples sectores capaces de generar crecimiento, exportaciones, innovación y empleo de calidad, desde los recursos naturales hasta los servicios basados en conocimiento. Una estrategia de desarrollo moderna debe apoyarse en esa diversidad y aprovechar las oportunidades que ofrecen distintos sectores productivos.
También resulta necesario actualizar las expectativas sobre lo que la industria puede aportar en el siglo XXI. Los cambios tecnológicos, la automatización y las nuevas formas de organización de la producción modificaron el papel que históricamente cumplió la manufactura. Hoy la industria ya no puede ser evaluada únicamente por su capacidad para absorber grandes cantidades de empleo. Su contribución también se expresa a través de la innovación, los altos efectos multiplicadores, la generación de divisas, la creación de valor agregado, la difusión de conocimientos y la articulación con otras actividades económicas.
Además, resulta difícil sostener afirmaciones generales sobre “la industria” cuando la realidad muestra situaciones muy diversas. La Argentina cuenta con empresas industriales que exportan, innovan, invierten en tecnología, lideran mercados regionales e incluso compiten exitosamente a escala global. En sectores tan distintos como la biotecnología, la industria farmacéutica, la maquinaria agrícola, la energía, los servicios tecnológicos vinculados a la producción o diversos nichos manufactureros de todos los sectores, desde textil hasta siderurgia, existen capacidades empresariales de gran calidad y una densidad productiva poco frecuente entre los países en desarrollo. Al mismo tiempo, también existen empresas y actividades con bajos niveles de productividad, escasa inversión, limitada capacidad de innovación y pocas perspectivas de crecimiento. Agrupar ambas realidades bajo una misma categoría conduce inevitablemente a diagnósticos equivocados.
El desafío consiste en distinguir capacidades, trayectorias y potencialidades hacia dentro de la industria, para afinar las apuestas y las políticas. Una estrategia de desarrollo productivo moderna requiere identificar qué sectores y empresas están generando innovación, exportaciones y mejoras de productividad, cuáles poseen potencial para profundizar esa trayectoria y qué transformaciones son necesarias para fortalecer su competitividad. Esto supone asignar recursos públicos con criterios más exigentes de desempeño, priorizar la construcción de capacidades y concentrar los esfuerzos en aquellas actividades con mayores posibilidades de contribuir al crecimiento, la generación de conocimiento y la inserción internacional de la economía argentina.
Tampoco tiene sentido seguir pensando a los recursos naturales y la industria como actividades enfrentadas. Durante décadas, parte de la discusión argentina planteó una falsa elección entre dos modelos de país. Sin embargo, muchas de las experiencias más exitosas de desarrollo productivo surgieron precisamente de la capacidad de agregar conocimiento, tecnología, proveedores, ingeniería y servicios alrededor de sectores basados en recursos naturales. Australia, Canadá, Noruega, Finlandia, o incluso Brasil en los últimos años, muestran la complementariedad entre recursos naturales e industria. Para la Argentina, donde la energía, la minería y el agro aparecen entre las principales oportunidades de crecimiento de las próximas décadas, el desafío pasa por construir capacidades productivas asociadas a esos sectores y no por reproducir una discusión que muchas veces respondió más a prejuicios ideológicos que a la realidad económica. Los recursos naturales tienen que ser una locomotora que traccione a un amplio abanico de proveedores industriales que ya existen en el país.
El Industrialismo del Siglo XXI parte de reconocer el rol que la industria puede cumplir actualmente en un país como Argentina. La industria ya no ocupa el mismo lugar que hace cincuenta años y el desarrollo argentino no dependerá exclusivamente de ella. Sin embargo, sigue siendo un componente central para elevar la productividad, diversificar las exportaciones, generar capacidades tecnológicas y articular buena parte de los servicios intensivos en conocimiento. La experiencia internacional muestra que los países desarrollados contaron con una base industrial sólida, aunque adaptada a los desafíos de cada época. Por eso, es necesario dejar de discutir si la Argentina tiene que tener industria y empezar a discutir qué tipo de industria necesita y con qué herramientas promoverla.
IV. Apertura o protección
El segundo debate gira en torno al uso de la protección comercial como política industrial. Durante décadas, la discusión argentina tendió a oscilar entre posiciones que defienden esquemas amplios de protección y otras que promueven aperturas aceleradas y generalizadas. Desde nuestra perspectiva, ambas visiones se vuelven problemáticas cuando se aplican de manera dogmática.
La experiencia reciente muestra que los esquemas de protección generalizada generan costos significativos. Instrumentos como las DJAI, las SIRA y otros mecanismos discrecionales de administración del comercio terminaron generando distorsiones, incertidumbre y sobrecostos para buena parte del aparato productivo. En muchos casos, la protección dejó de estar asociada al desarrollo de capacidades o a objetivos concretos de competitividad y pasó a convertirse en una transferencia permanente de recursos hacia actividades que no mostraban mejoras relevantes en productividad, innovación o inserción internacional. Además, buena parte de estos instrumentos surgieron como respuesta a la escasez de divisas cada vez más severa (lo que es principalmente un problema macroeconómico), más que como herramientas concebidas para promover el desarrollo productivo.
Tampoco es razonable asumir que una apertura acelerada carece de costos económicos y productivos. La Argentina enfrenta problemas estructurales de competitividad vinculados a la inestabilidad macroeconómica, la presión tributaria, los costos logísticos, las dificultades de financiamiento y otros componentes del denominado “costo argentino”. A ello se suma un contexto internacional caracterizado por una creciente competencia geopolítica, fuertes subsidios estatales, medidas de defensa comercial y prácticas de competencia desleal. La irrupción de China como gran potencia manufacturera y la creciente utilización de instrumentos de política industrial en las principales economías del mundo obligan a analizar con cuidado los efectos de una apertura indiscriminada sobre determinadas capacidades productivas.
La protección comercial no es gratuita y, por lo tanto, debe superar una prueba exigente. Si una sociedad acepta pagar precios más altos o resignar competencia externa para sostener una determinada actividad, debe existir una razón clara para hacerlo. Esa razón puede ser la construcción de capacidades tecnológicas, el sostenimiento temporal del empleo durante procesos de transición y reconversión productiva, la generación de aprendizaje, el desarrollo de proveedores o la creación de sectores con potencial exportador. Cuando esos resultados no aparecen, la protección deja de ser una herramienta de desarrollo y pasa a convertirse simplemente en un mecanismo de transferencia de ingresos hacia determinados actores.
Una política industrial moderna exige distinguir entre sectores y evitar recetas generales. Existen actividades donde la protección puede contribuir a construir capacidades valiosas para el país y otras donde termina funcionando simplemente como un mecanismo de transferencia de ingresos sin impactos relevantes sobre la productividad o el desarrollo tecnológico. Actividades de ensamblado con escasa generación de valor agregado local (ej. computadoras o motos) muestran los riesgos de confundir protección con desarrollo productivo. Cada actividad requiere un análisis específico, evaluando capacidades existentes, potencial de aprendizaje, generación de empleo, innovación, exportaciones y posibilidades reales de alcanzar niveles crecientes de competitividad.
Por último, la protección debe administrarse mediante reglas claras, transparentes, previsibles y revisables. Instrumentos como las medidas antidumping, salvaguardias o valores criterio deben formar parte de una estrategia productiva consistente. Sin embargo, su utilización requiere objetivos explícitos, criterios de evaluación y mecanismos periódicos de revisión. La protección no debería constituir un estado permanente, sino una herramienta específica al servicio de una estrategia más amplia de desarrollo productivo y aumento de la competitividad.
El Industrialismo del Siglo XXI no convierte a la protección comercial en un objetivo en sí mismo. Reconoce los beneficios que una economía más abierta puede generar en términos de competencia, productividad, acceso a tecnología e integración internacional. Pero también entiende que los procesos de apertura tienen ganadores y perdedores, y que la destrucción de capacidades productivas puede implicar costos económicos y sociales difíciles de revertir. Asimismo, reconoce que el desarrollo de nuevas capacidades productivas y tecnológicas muchas veces requiere instrumentos de protección temporales y focalizados, que permitan a empresas y sectores alcanzar escalas, niveles de productividad y capacidades de innovación compatibles con la competencia internacional. Por eso, propone una apertura inteligente y gradual, acompañada por políticas que faciliten la adaptación de empresas y trabajadores, fortalezcan la competitividad y permitan preservar aquellas capacidades que resultan estratégicas para el desarrollo del país.
V. Política industrial
El debate sobre la política industrial también enfrenta una falsa dicotomía. Por un lado, quienes sostienen que la Argentina necesita más instrumentos de promoción, protección y apoyo sectorial, sin evaluar su efectividad. Por otro lado, quienes concluyen que la experiencia acumulada demuestra que la política industrial genera más problemas que soluciones, y, por lo tanto, “la mejor política industrial es la que no se hace”. Desde nuestra perspectiva, ambas posiciones simplifican una discusión bastante más compleja.
La Argentina tiene una larga historia de políticas industriales, con resultados muy heterogéneos. Algunos instrumentos contribuyeron a desarrollar capacidades productivas, tecnológicas y empresariales relevantes. Otros terminaron generando distorsiones, rentas, baja productividad y elevados costos para el conjunto de la economía. Tan equivocado es afirmar que toda política industrial fue un fracaso como asumir que cualquier instrumento de promoción genera desarrollo.
Uno de los principales problemas ha sido la dificultad para revisar, corregir o discontinuar políticas que no funcionan. Con frecuencia, los regímenes de promoción no terminan siendo evaluados por sus resultados. Beneficios creados para resolver problemas específicos o impulsar determinadas actividades se transforman en mecanismos permanentes, muchas veces desvinculados de los objetivos que originalmente justificaron su creación. La captura sectorial, la falta de evaluación y la resistencia a introducir cambios explican buena parte de este fenómeno.
Sin embargo, los errores de la política industrial no deberían llevar a concluir que la mejor política industrial es la que no existe. Ningún país desarrollado construyó su estructura productiva de esa manera y prácticamente ninguno está actuando así en la actualidad. En un mundo donde Estados Unidos, Europa y China despliegan activamente políticas para desarrollar sectores estratégicos, la discusión relevante no es si debe existir política industrial, sino qué política industrial, con qué objetivos y bajo qué condiciones.
Otra limitación frecuente de la discusión industrial argentina es su excesivo foco en las políticas sectoriales. Buena parte del debate suele girar en torno a qué actividad proteger, qué régimen crear o qué beneficio otorgar a determinado sector. Sin embargo, muchas de las condiciones que explican la competitividad de las empresas atraviesan a la economía en su conjunto y no pueden resolverse mediante instrumentos focalizados. La calidad de la infraestructura, el acceso al financiamiento, la formación de capital humano, la estabilidad regulatoria, la logística, la conectividad digital, la calidad institucional o la capacidad de innovación suelen ser tan importantes como cualquier incentivo sectorial.
El Industrialismo del Siglo XXI debería poner mucho más énfasis en este tipo de políticas horizontales. La promoción de exportaciones, el desarrollo tecnológico, la formación profesional, la articulación entre universidades y empresas, la difusión tecnológica, el financiamiento productivo o la mejora de los sistemas de calidad y certificación son herramientas fundamentales para aumentar la competitividad de la economía. En muchos casos, estas políticas generan impactos más profundos y duraderos que los instrumentos tradicionales de protección o promoción sectorial.
Esta discusión también exige una mirada más realista sobre las posibilidades de acción del Estado. Buena parte de las propuestas de política industrial formuladas en las últimas décadas asumieron niveles de coordinación, información y capacidad de implementación que muchas veces el Estado argentino no posee. Diseñar instrumentos excesivamente complejos, con múltiples requisitos, excepciones y mecanismos de control difíciles de administrar, suele terminar deteriorando la efectividad de las políticas y ampliando los márgenes para la discrecionalidad. Una estrategia de desarrollo productivo sostenible debe partir de las capacidades realmente existentes y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión, el monitoreo y la transparencia de las intervenciones públicas.
En ese sentido, fortalecer las capacidades estatales debería constituir un objetivo central de la política industrial. Evaluar programas, generar información de calidad, construir equipos técnicos especializados, desarrollar sistemas de seguimiento y crear instituciones capaces de aprender de la experiencia son inversiones tan importantes como cualquier régimen de promoción o incentivo sectorial. Una parte significativa de los problemas de la política industrial argentina no estuvo vinculada únicamente a los instrumentos elegidos, sino también a las debilidades institucionales para diseñarlos, gestionarlos, evaluarlos y corregirlos cuando los resultados no fueron los esperados.
El Industrialismo del Siglo XXI propone abandonar tanto la defensa acrítica como el rechazo automático de la política industrial. La discusión debería centrarse en qué capacidades productivas vale la pena desarrollar, qué instrumentos son los más adecuados para hacerlo y cómo asegurar que esos instrumentos efectivamente generen resultados. Esto exige una política industrial más focalizada, con objetivos explícitos, plazos definidos y mecanismos de seguimiento que permitan saber qué funciona y qué no. Se trata de reemplazar una lógica basada en beneficios permanentes y discusiones ideológicas por otra basada en capacidades, resultados y aprendizaje.. Una política industrial que se anime a experimentar, que corrija cuando se equivoca, que elimine instrumentos que no funcionan y que fortalezca aquellos que demuestran impacto.
En este sentido, la política industrial puede pensarse como la gestión de una “cartera de inversiones”. No todas las apuestas tendrán éxito, pero eso no implica que la estrategia sea incorrecta. El desafío consiste en identificar oportunidades con potencial, diversificar riesgos, monitorear resultados y reasignar recursos cuando las iniciativas no cumplen sus objetivos. Del mismo modo que un inversor no evalúa el desempeño de su cartera por una única inversión, una estrategia de desarrollo productivo debe juzgarse por su capacidad para generar, en conjunto, nuevas capacidades, sectores dinámicos y ventajas competitivas sostenibles.
VI. Prioridades productivas
Otra discusión habitual gira en torno a si una estrategia de desarrollo debe definir sectores prioritarios o aspirar a la neutralidad. Quienes rechazan cualquier forma de priorización suelen argumentar que el Estado no está en condiciones de identificar sectores con mayor potencial y que esas decisiones deberían quedar exclusivamente en manos del mercado. Desde esta perspectiva, la política pública debería concentrarse en mejorar las condiciones generales de funcionamiento de la economía y evitar cualquier tipo de selección sectorial.
Sin embargo, en la práctica, todos los países terminan realizando apuestas productivas. Las decisiones sobre infraestructura, financiamiento, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos, promoción de exportaciones, regulación o compras públicas nunca son completamente neutrales. Incluso cuando no existe una estrategia explícita, las políticas públicas terminan favoreciendo determinadas actividades por sobre otras. Por eso, esas prioridades deben ser discutidas abiertamente.
Incluso gobiernos que reivindican una visión liberal de la economía terminan realizando apuestas sectoriales, como se observa actualmente. El RIGI es un ejemplo evidente de ello: al otorgar beneficios extraordinarios a determinadas actividades vinculadas a los recursos naturales, el Estado está señalando cuáles considera estratégicas para el desarrollo futuro del país.
La experiencia argentina también muestra que no todas las apuestas productivas generan los mismos resultados. Por un lado, existen sectores que recibieron protección o beneficios durante años sin desarrollar capacidades significativas ni perspectivas de competitividad, muchas veces como resultado de presiones sectoriales o decisiones que nunca fueron revisadas. Por el otro, existen experiencias donde la construcción paciente de capacidades permitió desarrollar activos valiosos para el país. Los sectores nuclear y satelital, la biotecnología, parte de la industria farmacéutica o diversos desarrollos tecnológicos vinculados al sistema científico constituyen ejemplos de capacidades construidas a lo largo de décadas y que difícilmente hubieran surgido sin una combinación de inversión pública, capacidades empresariales y visión estratégica.
La discusión sobre prioridades productivas debería partir de esa experiencia acumulada y no de posiciones ideológicas. La Argentina cuenta con sectores que ya demostraron capacidad para innovar, exportar, generar conocimiento o competir internacionalmente,y hacerlo en un contexto mucho más adverso que el de sus competidores internacionales. La agroindustria y sus cadenas de valor, la biotecnología, la industria farmacéutica, la maquinaria agrícola, distintos segmentos de la economía del conocimiento, los proveedores vinculados a la energía y la minería, y numeroso nichos manufactureros específicos forman parte de un entramado productivo que merece ser analizado con mayor profundidad. Todos ellos constituyen puntos de partida mucho más sólidos que otros sectores cuya supervivencia depende exclusivamente de mecanismos permanentes de protección. El criterio para priorizar sectores no debería ser la capacidad de lobby ni la magnitud de los beneficios solicitados, sino la existencia de capacidades acumuladas, potencial de aprendizaje, generación de productividad y posibilidades de inserción internacional.
El Industrialismo del Siglo XXI propone ordenar las prioridades productivas alrededor de estas oportunidades concretas. Los encadenamientos asociados a oil & gas, minería, agro y pesca; la agroindustria en sentido amplio, incluyendo alimentos, bioenergía y forestoindustria; la industria de la salud; ciertos segmentos de la movilidad y la industria automotriz; los nichos tecnológicos donde Argentina ya acumuló capacidades relevantes, como el sector nuclear, satelital y parte de la biotecnología; y las PyMEs con potencial exportador aparecen como algunos de los espacios más prometedores para construir ventajas competitivas duraderas. El objetivo es concentrar esfuerzos allí donde existen capacidades acumuladas y posibilidades reales de generar productividad, innovación, exportaciones y crecimiento de largo plazo.
VII. Conclusión
La discusión industrial argentina lleva décadas atrapada en un movimiento pendular, entre la nostalgia y la resignación. El principal desafío consiste en salir de las falsas dicotomías. La Argentina necesita una industria más competitiva, más innovadora, más integrada al mundo y más articulada con las oportunidades que ofrecen los recursos naturales, la economía del conocimiento y los cambios tecnológicos en curso.
El Industrialismo del Siglo XXI propone construir sobre las capacidades productivas que constituyen uno de los principales activos el país. Sobre empresas que exportan, innovan e invierten. Sobre sectores que demostraron potencial para generar conocimiento, productividad y valor agregado. Esto exige políticas públicas más específicas. Menos regímenes permanentes y más evaluación. Menos captura sectorial y más transparencia. Menos discusiones ideológicas y más foco en resultados. Más bienes públicos productivos, más innovación, más formación de capacidades y mejores instituciones para diseñar, implementar y corregir políticas cuando sea necesario.
Desde Misión Productiva invitamos a empresarios, trabajadores, académicos, funcionarios, dirigentes políticos y a todos aquellos interesados en el desarrollo argentino a participar de esta discusión. El Industrialismo del Siglo XXI no propone volver al pasado. Busca construir acuerdos, prioridades y estrategias que permitan aprovechar mejor las capacidades productivas del país. Es, en definitiva, una propuesta para construir una estrategia productiva acorde a los desafíos del presente y desarrollar de una vez el enorme potencial industrial que tiene nuestro país.
Por Misión Productiva
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