Los centros tecnológicos son espacios físicos equipados con tecnología de frontera y recursos humanos altamente calificados, donde se realizan distintos tipos de desarrollos vinculados con la generación y la transferencia de tecnología, con el objetivo central de fortalecer la matriz productiva. Pueden dedicarse a un sector específico o generar desarrollos transversales, utilizados por varios sectores o cadenas.
Los centros venden servicios tecnológicos a las empresas, funcionan para darles soluciones y buscan dialogar con ellas, en tanto las entienden como sus clientes primarios. De esta manera, para garantizar su éxito es clave la demanda empresarial. Estas empresas demandantes pueden ser grandes corporaciones o pymes, por lo que las necesidades son diferentes y generan distintos grados de desafíos para los tecnólogos. No sólo juegan en la frontera del arte tecnológico, sino también como espacio de difusión o de absorción tecnológica.
Como pieza de una política pública tecnológica, y a su vez de la producción industrial en sentido amplio, el Estado es el que financia su creación. Dado su vínculo con el sector productivo privado, es muy importante que las empresas participen desde un principio en la mesa de discusión para validar su construcción. La visión estatal debe articularse con el sector privado para no avanzar en el fondeo de un centro que después no será funcional a las necesidades o demandas de la industria.
Las experiencias exitosas de estos centros tienen un modelo de gestión o de gobernanza institucional plenamente volcado a sus objetivos: interactuar con las empresas. En este sentido, ocupan un lugar de intermediario tecnológico a partir del cual intentan salvar el vacío entre la investigación básica y la aplicación final escalable y comercializable. En este espacio intermedio, intentan bajar costos y riesgos para las empresas, y tornar más viables a alguno de los desarrollos. Son espacios concebidos para complementar lo que hace la comunidad académica y científica, no para reemplazarla.
Además, son necesariamente estructuras de gestión ágiles, de impronta empresarial, gestionadas por objetivos. Suelen ser organizaciones privadas sin fines de lucro, con conducciones que hablan el mismo lenguaje que las empresas demandantes de servicios, pero son auditadas por los gobiernos, que son los que cofinancian estas iniciativas. Así, son el resultado de una apuesta compleja que involucra cofinanciación público-privada y gestión independiente del gobierno, pero auditoría pública.
La participación del Estado
Según puede estudiarse a partir de las experiencias internacionales, dada su impronta de política para el desarrollo productivo, generalmente es el Estado el que establece el centro, construye el edificio, lo equipa con bienes de capital, tecnología, recursos humanos. Después se desprende de su gestión: lo inscribe societariamente como una organización privada sin fines de lucro. El centro no es estatal, su directorio no está conformado por funcionarios públicos y tampoco es una empresa que genera utilidades, pero es una organización privada. Sin embargo, el Estado sigue interactuando: intenta orientar la acción hacia ámbitos que considere estratégicos. A su vez, al auditar y al controlar por objetivos, pide cuentas: si considera que un instituto no cumple con las metas prefijadas, puede cerrarlo. El Estado no sólo financia sino que evalúa y toma definiciones al respecto.
El director suele ser un CEO con raíces en el sector productivo, que dialoga con el Estado en términos de los objetivos que debe cumplir el centro. Hay una lógica de evaluación por desempeño y objetivos, pero no de gestión del día a día. En el día a día, el centro es una organización independiente.
Cuando los centros empiezan a funcionar, sus reglas institucionales apuntan a que el flujo anual de ingresos sea de origen mixto, del Estado y del sector privado. El centro de referencia internacional, Fraunhofer-Gesellschaft –de Alemania–, estableció lo que se convertiría luego en una marca distintiva: el modelo de tercios. Según este modelo, el Estado nacional aporta al centro un tercio de los fondos que requiere para funcionar a lo largo de un año. Otro tercio lo aporta el sector empresarial privado: son las empresas pagando por la prestación de servicios de ese centro. Y el tercio restante son fondos concursables de origen múltiple. Por ejemplo, en el caso de los países europeos, pueden provenir de la Unión Europea o del Estado nacional pero de forma competitiva: puede aplicar el centro pero también universidades y otros institutos. También pueden provenir de un gobierno local de gran gestión industrial y tecnológica, o de un organismo internacional.
En los hechos, este modelo de tercios muchas veces no se llega a cumplir y el Estado suple la carencia de fondos, con lo cual termina poniendo más de un tercio. Ningún centro, ni los más desarrollados, se autofinancia y ninguno es superavitario. Esto es lógico porque se trata de espacios que tienen mucho riesgo asociado y resultados inciertos, entonces no están pensados para obtener réditos económicos inmediatos, sino beneficios a largo plazo.
Experiencias internacionales
Como se mencionó, la experiencia de centro tecnológico más relevante por su trayectoria –de más de 70 años– es el Fraunhofer-Gesellschaft alemán. Es una referencia para muchos otros centros que surgieron en el mundo en los últimos 10 años. El Fraunhofer nació apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, en el peor momento histórico de Alemania, y marcó el espíritu estratégico de la política industrial del país. Es la organización más grande de este tipo: cuenta con casi 30.000 tecnólogos, ingenieros, técnicos y también personal de apoyo; se distribuye en 75 centros en Alemania y ramificaciones en otros países; y está dotada de una enorme escala y transversalidad de tecnologías.
La iniciativa surgió en Baviera, a partir de una confluencia público-privada que apostó inicialmente a unos pocos institutos para recuperar capacidades en la metalmecánica y la industria pesada alemana, la gran joya de la estructura productiva alemana, que se había visto dañada tras el conflicto bélico. Con los años el proyecto ganó escala y lo tomó el gobierno nacional. A partir de ese momento expandió muchísimo sus áreas tecnológicas: en estos 75 institutos hay áreas de frontera, nuevos materiales, energías renovables, digitalización, industria 4.0, manufactura avanzada, biomateriales, biociencias; y también capacidades en industrias más maduras y tradicionales, como ingeniería o metalmecánica.
Otras grandes redes de centros que surgieron en los últimos 10 años son Manufacturing USA, en Estados Unidos, y Catapult Network, en el Reino Unido. Estas iniciativas son hijas del renacimiento de la política industrial que se produce en el mundo y sobre todo en los países desarrollados, poscrisis financiera de 2008-2009, y que se agudiza con la pandemia y la guerra de Ucrania. También hay experiencias de desarrollo intermedio como Embrapa, de Brasil, y Tecnalia, bajo la órbita de un gobierno subnacional, del País Vasco. Estos casos son más interesantes de analizar para su aplicación en Argentina, dada la distancia con el Fraunhofer en escala, tiempo y trayectoria.
Todas estas iniciativas se lanzaron con una escala y un fondeo importante por parte del Estado, y pronto ganaron un lugar protagónico en los sistemas nacionales de innovación. Interactúan permanentemente no sólo con las empresas, que serían sus clientes naturales, sino con todo tipo de actores: universidades, otros organismos de ciencia y tecnología nacionales y locales, y organismos internacionales.
Desafíos y oportunidades para el desarrollo de centros tecnológicos en Argentina
Nuestro país tiene un déficit muy fuerte en cuanto a inversión en I+D e innovación. Particularmente, la radicada en empresas absorbe sólo un tercio del total invertido en I+D. Sin embargo, la trayectoria científico-tecnológica es muy importante a nivel regional. El ecosistema de actores de transferencia, de intermediación, de vinculación es significativo, pero está desarticulado: los actores no dialogan entre sí, no saben qué hacen las distintas unidades.
Por ejemplo, el INTI tiene 40 unidades tecnológicas propias, el Conicet tiene 16 y 8 más en sus Centros de Investigación y Transferencia (CIT), la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) tiene más de 100 centros propios a lo largo del territorio provincial. Entre todas estas dependencias hay un nivel enorme de heterogeneidad. Algunas son unipersonales, parten de la iniciativa de un investigador en una universidad. Y en el otro extremo está por ejemplo el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), con 50 años de trayectoria y 120 investigadores. Por supuesto, en todos los casos una de las misiones de estos centros es hacer transferencia, pero los resultados y ejemplos concretos de éxito son bastante limitados.
Como experiencia inspirada en los mejores modelos de centros tecnológicos a nivel mundial pueden mencionarse los CEN-TEC, creados en 2014 e implementados en 2015. Los puntos en común con las experiencias internacionales son claros: financiamiento del Estado para su creación, asociación público-privada desde el principio para garantizar la demanda, y el objetivo de transferir tecnología al sector productivo privado o, dicho de otra manera, de vender servicios tecnológicos.
La iniciativa se llevó adelante en 2015 con la creación de cinco CEN-TEC en distintos puntos del país. Pero estos centros empezaron a operar bajo una nueva gestión estatal, que nunca se comprometió a aportar los fondos necesarios. Los centros estaban construidos y equipados, pero sin el fondeo necesario para funcionar y garantizar servicios mínimos. Por tal motivo, tuvieron que amoldarse o apoyarse en instituciones preexistentes. Más que nuevos actores, terminaron siendo socios o apéndices de actores ya existentes, universidades u otros núcleos de investigación. No lograron manejarse con la independencia funcional, de personal, de presupuesto y de objetivos que estaba planteada. El CEN-TEC es parte de una política industrial y, por lo tanto, sí o sí tiene que estar impulsada por el Estado, que es el único que puede sostener en escala y continuidad en el tiempo el subsidio a las capacidades tecnológicas con el objetivo de aumentar la productividad de las empresas.
Para que puedan existir y funcionar centros tecnológicos en Argentina, primero tiene que haber voluntad política o un contexto político que reflexione sobre el desarrollo productivo de manera estratégica. Segundo, es necesario un diagnóstico serio, un mapeo profundo sobre todas las instituciones de transferencia tecnológica que operan en el país: dónde están, qué hacen, cuál es su área sectorial o tecnológica prioritaria, qué características tienen, cuál es su estructura de gobernanza, cómo interactúan con el sector privado, qué resultados alcanzaron. A partir de ese diagnóstico se abren distintas posibilidades: trabajar con lo que hay modificando incentivos; rediseñar programas o diseñarlos desde cero; o crear nuevos centros en sectores que los necesitan y reconvertir otros mejorando sus incentivos y dotándolos de más capacidades.
Normalmente, un centro tecnológico no se va a autosostener: implica un esfuerzo, un compromiso de mediano o largo plazo por parte de las distintas gestiones estatales, porque la inversión que requiere no tiene retornos inmediatos, sino a largo plazo. Además, para garantizar que funcione, es necesario el diálogo a priori con el sector productivo, comprometer a las empresas, escuchar sus demandas y ver qué se necesita en cada sector. No hacen falta 50 o 70 años, como en el caso de Fraunhofer, para desarrollar los centros. El resto de las iniciativas lograron alcanzar cierto grado de madurez en una década. Las oportunidades a nivel local son enormes y se demuestran con hechos: a partir del proyecto CEN-TEC, en sólo un año se crearon cinco centros de referencia que ya forman parte del ecosistema tecnológico nacional.
Por German Herrera Bartis (UNQ)
