Miércoles 16 de Febrero.
¡Buen día! ¿Cómo les va? Espero que hayan arrancado la semana mejor que yo.
El lunes me lesioné jugando al fútbol, esas lesiones que antes no pasaban y te hacen sentir el paso del tiempo en el cuerpo. Tengo 29 años, pero me divierte joder con que ya estoy viejo… hasta que aparecen estas cosas y te hacen darte cuenta que realmente, poco a poco, te vas poniendo viejo. Febrero ya me trajo Covid y un desgarro en tan solo dos semanas. Menos mal que es un mes corto.
“Necesito del mar porque me enseña”
El viernes pasado, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó suspender las actividades de exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino, a aproximadamente 300 kilómetros de la ciudad costera. La medida fue tomada por el Juez Santiago Martín, el cual dispuso en una medida cautelar la suspensión de las actividades hasta tanto se analice la cuestión de fondo, dando lugar al recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas, surfers y el intendente Guillermo Montenegro. De esta forma, los proyectos exploratorios y de explotación quedarán demorados hasta tanto se determine si efectivamente resultan dañinos o afectan la vida marina. O al menos en teoría, porque Kulfas indicó el domingo que el Gobierno nacional apelará la medida judicial –algo que ya hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible– e insistirán con los proyectos exploratorios, en tanto Argentina cuenta con explotaciones offshore hace tiempo y se trata de “una actividad que genera muchísimos puestos de trabajo”.
Esta discusión sobre la explotación offshore en el Mar Argentino –y toda la discusión sobre el ‘extractivismo’ y la explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros en general– viene dominando hace tiempo la agenda pública sobre desarrollo. Y esta es una discusión que tiene múltiples aristas, tal como se desprende de las declaraciones del Ministro de Desarrollo Productivo. El planteo general que existe y predomina en contra de estas actividades se basa en que son actividades ‘extractivas’, donde empresas extranjeras extraen los recursos naturales de nuestro país, los exportan con escaso valor agregado local y un pago mínimo de regalías y no dejan al país otra cosa que el daño ambiental asociado a la explotación. Además, para el caso de los hidrocarburos, se agrega el impacto ambiental negativo de su consumo, el cual es de alcance global y afecta en mayor medida a los países en desarrollo que más sufren y menos recursos tienen para mitigar los efectos del cambio climático.
Mi intención en este newsletter no es profundizar sobre la cuestión ambiental. No porque no sea un tema de vital importancia –como ya lo hemos resaltado en ediciones anteriores–, sino porque ya se discute constantemente en distintos medios (fundamentalmente Twitter) y ya lo hemos abordado de forma bastante profunda en el #MisiónAlEspacio que organizamos a principio de año con Francisco Barberis Bosch e Ignacio Sabbatella tras la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (acá tenemos un #Autobombo fallido: el audio lamentablemente ya no está disponible en Twitter, así que les dejé los links a los hilos de ambos participantes). Solamente me voy a limitar a remarcar que hace más de 50 años que se explotan hidrocarburos en las costas argentinas (más al Sur, cerca de Santa Cruz y Tierra del Fuego) sin ningún daño ambiental relevante, y que son proyectos que tienen altísimos estándares de seguridad y de control internos, a los que se suman los controles por parte del sector público, por lo que su potencial de impacto ambiental es realmente bajo.
Hoy quiero que vayamos por el otro camino de la discusión, que es profundizar un poquito en el valor que genera esta actividad en nuestro país y evaluar si efectivamente podemos clasificar a la explotación de hidrocarburos en Argentina como una actividad ‘extractivista’. Vamos a hacer un repaso por la cadena de valor, lo cual implica muchas complejidades y varias listas largas con varios etcéteras, pero vamos a ir de a poquito y ordenados para disfrutar de este #CadenadeValor.
En primer lugar, vamos con la cadena hacia adelante. La propia producción de petróleo paga los salarios privados formales más altos del país: en el último año, la extracción de petróleo y gas y los servicios a la extracción de hidrocarburos se ubicaron en el primer y tercer lugar respectivamente en el ránking de actividades privadas con salarios más altos del país. Es decir, es un sector muy intensivo en capital, sindicalizado, que demanda empleo calificado y con formación profesional, y todo ello redunda en salarios muy altos tanto acá como en el resto del mundo. Siguiendo hacia adelante, alrededor del 90% del gas y petróleo extraído en Argentina se procesa y se consume en el país en forma de gas doméstico, gasolina, insumos petroquímicos, productos plásticos y la primera lista de etcéteras. No se explotan nuestros recursos del suelo para exportarlos y enviarlos al exterior, sino que abastecen la demanda de los propios argentinos. Argentina incluso registró una balanza comercial energética deficitaria por US$ 638 millones en 2021 y se proyecta que crezca hasta US$ 2.000 millones en 2022, por lo que una mayor producción nacional puede sustituir importaciones (o generar más exportaciones) y reducir la presión en el mercado cambiario de nuestro sector energético.
Pero esta no es la única forma en que se agrega valor en el país a la actividad hidrocarburífera en el país. Así como se contrata mano de obra local especializada, también existe un amplio valor generado de forma indirecta por la demanda de insumos, bienes de capital y servicios especializados en el país. Esta demanda a proveedores, también conocida como “encadenamientos hacia atrás” en la jerga económica, muchas veces es omitida cuando se piensa en “agregar valor” a una actividad. La explotación petrolera, al igual que la minera, demanda una multiplicidad de proveedores de bienes y servicios, en ramas muy diversas como la industria (particularmente la metalmecánica, la química y, en caso de prosperar el offshore, la naval), el transporte, la construcción y servicios de todo tipo (geológicos, de ingeniería, de gastronomía y alojamiento y un segundo etcétera). Para que nos demos una idea, la cadena del petróleo y el gas tiene actualmente unas 10.000 empresas proveedoras (mayormente PyMEs), y es en ellas en que se concentra la mayor parte del empleo que genera la cadena: por cada puesto directo generado en las firmas petroleras hay cinco indirectos en los proveedores. Este efecto multiplicador es el más alto de toda la economía.
Muchos de estos proveedores de la cadena son industriales, particularmente de ramas de alta complejidad tecnológica. Se trata de proveedores industriales que, por la naturaleza de la actividad, deben cumplir con exigencias normativas y de calidad e invertir constantemente para mantenerse competitivos. Para ponerles algunos nombres, se fabrican válvulas, bombas de varilla (las famosas “cigüeñas”), cabezales, cañones de punzado, equipos de fractura o workover y un tercer etcétera bastante largo. En un documento conjunto del CEP XXI y la Secretaría PyME que se publicó ayer, se destaca que este entramado de PyMEs tiene una alta productividad relativa, lo que se refleja en una mayor inserción exportadora respecto de la media, mayores salarios, así como también una mayor escala que en otros sectores. En la misma línea, según estudios realizados por el Consejo de Cambio Estructural (CCE) del Ministerio de Desarrollo Productivo, algunas de estas empresas llegan a exportar un 30% de su producción gracias a su flexibilidad y adaptabilidad a las demandas del cliente.
Pese a este espacio a crecer, no todo ha sido color de rosas para el sector. Del mismo documento del CCE se desprende que, en las inversiones hidrocarburíferas en maquinarias de los últimos años, cerca de dos tercios de los componentes utilizados fueron de origen importado. Los vaivenes de la actividad hidrocarburífera, en conjunto con la liberalización de importaciones para bienes de capital usados sin políticas de promoción al desarrollo de proveedores locales que gobernó al sector durante el macrismo, ha generado que el crecimiento de la producción en Vaca Muerta se refleje a medias en la producción local de equipamiento. Un ejemplo de esto es el de Tandanor, empresa cuya actividad principal no es la fabricación de bienes de capital para hidrocarburos pero que se ha diversificado en los últimos años: a fines del año pasado visité la planta –uno de los astilleros más grandes del país– y me comentaban que entre 2014 y 2015 acordaron con YPF el abastecimiento de 100 “cigüeñas” para yacimientos de petróleo a ser fabricados por la empresa en su plan de diversificación productiva. Sin embargo, con la implementación del régimen de importación de bienes de capital usados para la actividad hidrocarburífera en 2017, el contrato nunca llegó a término y sólo se fabricaron 20 de los 100 equipos acordados.
Si bien la mayor parte de estas desregulaciones se revirtieron entre 2020 y 2021, este no es el único obstáculo en la carrera. La elevada concentración de la demanda, tanto en YPF como en grandes petroleras y empresas de servicios extranjeras, representa un importante desafío para productores PyMEs cuya escala dificulta alcanzar a aprovisionar a sus clientes pese a cumplir con los estándares técnicos. Hoy una de las discusiones en el sector se resume en que las petroleras no quieren comprar equipos locales por falta de escala y exigen inversiones, mientras que las empresas locales, que ya se “quemaron con leche”, alegan que resulta difícil invertir sin un contrato que les garantice demanda o sin un horizonte claro donde se expliciten los planes productivos de las petroleras y se reflejen sus necesidades.
Consultado para este #CadenadeValor, Sergio Echebarrena, dirigente de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE), me planteaba justamente que las empresas petroleras son bastante refractarias a que los condicionen con programas de desarrollo de proveedores y que “tienen programas propios, pero con resultados bastante magros en términos de sustitución de importaciones por conservadurismo y falta de relación fluida entre actores”. Echebarrena me señaló que existiría un “prejuicio” de las petroleras sobre la capacidad de la industria local, lo que los llevaría a sostener proveedores externos pese a que existen empresas locales con más de 50 años de experiencia que exportan a mercados competitivos: “la mayoría de los socios de CAPIPE exporta, y por ahí no estás para salir campeón pero si exportás incluso a Arabia Saudita es porque jugás en Primera”.
Por el lado de las petroleras y las empresas operadoras, cuando los consultan los directivos suelen indicar que ellos integran proveedores locales cuando son competitivos y que trabajan perfectamente con ellos, pero destacan que el margen para una mayor sustitución es bastante bajo. Esto sucede no solo con las empresas extranjeras y privadas locales, sino también con YPF. Si bien levantan la bandera del desarrollo de proveedores locales –y es cierto que tienen una mayor integración de componentes nacionales que otras firmas del sector–, quienes conocen la empresa por dentro señalan que la cultura interna aún guarda muchos rasgos del período de privatización y no tiene tan internalizado el desarrollo proveedores. No está de más decir que YPF es una sociedad anónima que cotiza en bolsa y debe rendir cuentas a sus accionistas, por lo que persigue fines de lucro y está bien que lo haga. Pero como “empresa de bandera” podría hacer mayores esfuerzos para potenciar productores locales o impulsar mecanismos de asociación como los utilizados en países desarrollados.
En medio de este tironeo está el Estado nacional –particularmente el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Energía–, que intenta mediar entre ambas posiciones y que hoy por hoy apunta a un mayor desarrollo de proveedores, en un marco de una política industrialista que se conjuga con una imperiosa ansiedad por sustituir importaciones en medio de la crisis cambiaria. En ese sentido, en el Ministerio de Desarrollo Productivo coinciden en la necesidad de coordinar actores para construir plan de desarrollo con “pautas claras que ordenen la oferta y las inversiones”. El Director Nacional de Compre Nacional y Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker, me enfatizaba que contar con esa información es fundamental “incluso para nuestra propia gestión, porque nos permitiría orientar de forma más eficiente los esfuerzos de financiamiento por parte del Estado”. Esta necesidad debería plasmarse en el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que viene boyando hace rato entre actores pero sin presentarse ante el Congreso por no conformar a nadie. Según Hecker, para la parte de proveedores locales “se está negociando un capítulo que lleve al sector la previsibilidad que hace falta para sentar las bases para una relación prolífica dentro de la cadena hidrocarburífera”.
El petróleo offshore abre nuevas posibilidades de desarrollo para los proveedores locales, tal como lo hizo el no convencional diez años atrás con resultados bastante positivos en términos de adaptación tecnológica pero no de volumen. La experiencia noruega es muy ilustrativa: cuando descubrieron el petróleo offshore no tenían historial hidrocarburífero en el territorio de modo que la explotación comenzó primero con empresas extranjeras, pero forzaron la cooperación, con transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores locales. Pero como decía Pablo Neruda, el mar enseña, y los noruegos aprendieron del mar –y de los recursos que tiene debajo– al punto que hoy son los referentes mundiales en la materia: Equinor, la empresa estatal noruega fundada en 1972 que se asoció con YPF para la exploración offshore en nuestro país, fue el fruto del aprendizaje tecnológico de décadas. Esta necesidad de convenios es algo en lo que insisten mucho desde CAPIPE y que lo han conversado en varias oportunidades con el Ministro Kulfas.
Como vimos, existe un gran valor agregado detrás de la producción de hidrocarburos; sin embargo, aún queda un largo trecho para recorrer. Desarrollarse aprovechando nuestras riquezas naturales, como lo hicieron Australia, Canadá, Estados Unidos, Noruega o Nueva Zelanda, entre muchos otros países, requiere trabajar en la coordinación y el agregado de valor a lo largo de toda la cadena. El petróleo no va a ser la panacea, menos considerando su relativamente corta vida a futuro como fuente de energía; pero el gas –el más limpio de los combustibles fósiles– será fundamental para la transición energética. Asimismo, los impactos en término de desarrollo de proveedores se difunden a lo largo de un gran abanico de industrias como la naval, la minera o la ferroviaria. No aprovechar la oportunidad que se nos presenta sería una picardía.
Si te gustaría saber más del tema, te dejo algunas cositas que te pueden llegar a interesar:
El documento que cité del Centro de Estudios para la Producción XXI y la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores que caracteriza a las empresas proveedoras de la cadena.
Para la parte ambiental, el newsletter #InfinitoPuntoVerde que escribió Elisabeth Möhle hace un mes sobre la discusión respecto al impacto ambiental de la actividad offshore.
Los informes de tendencia del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, donde pueden seguir la coyuntura del sector energético.
Un documento de CEPAL de fines de 2015 que analiza el impacto socioeconómico de la nacionalización de YPF.
La página web (en inglés) de Norwegian Petroleum, donde se puede averiguar sobre normativa y tiene una buena exposición sobre cómo funciona el sector en el país.
Otras temas para seguir de cerca:
Esta última semana tuvo la cancha bastante embarrada por temas tarifarios, así que vamos con un breve repaso de ellos:
- A principios de la semana pasada se difundió una hipotética segmentación de tarifas de energía eléctrica para el AMBA, elaborada por el ENRE y la Subsecretaría de Energía Eléctrica. Esta propuesta elevaba la tarifa energética al precio pleno únicamente a unos pocos barrios de alto poder adquisitivo. A finales de la semana, desde la cartera de Economía circulaba que esa propuesta sería desestimada, reflotando la interna en el Ministerio.
- Esta interna se profundiza también en materia gasífera, donde las tarifas negociadas por Enargas presionarían al Ministerio a tener que incrementar los subsidios.
- Por otro lado, a fines de la semana pasada estalló el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, por la intención del último de traspasar 32 líneas de colectivos (con sus respectivos subsidios) a la órbita de la Ciudad. Al mismo tiempo el Ministerio de Transporte cumplimentó con lo acordado con las provincias del interior para el fallido Presupuesto 2022, aumentando un 40% los subsidios al transporte público.
Por otro lado, una noticia de las lindas: la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) completó exitosamente el primer vuelo de verificación para aviones Pampa III Block II, cuya construcción se financió con los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y de los cuales se entregarán seis unidades a la Fuerza Aérea. Es un gran paso para la industria argentina de defensa.
Autobombo #1: la semana de Misión Productiva.
El jueves publicamos una excelente nota de Martín Alfie, uno de los fundadores de Misión Productiva, sobre las dificultades de hacer política productiva en un contexto macroeconómico de crisis como el que vivimos hoy. Les recomiendo mucho que lo lean.
También publicamos este lunes una entrevista a Laura Tuero, actual Subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, que nos cuenta su experiencia de gestión.
Por último, este jueves a las 19 horas tenemos un excelente #MisiónAlEspacio, donde vamos a estar conversando con Adriana Serquis, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Espero que este newsletter no les haya resultado largo y que los haya podido acompañar de la mejor manera a través del mismo. Es muy importante que entendamos bien cómo funciona cada cadena productiva antes de opinar livianamente sobre hacia dónde debería orientarse cada una de ellas.
Un abrazo y nos leemos la semana que viene.
Pablo
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