La inversión en infraestructura para el cuidado como herramienta de política industrial

La creación de espacios de cuidado para la primera infancia es una temática que forma parte de la agenda feminista desde hace varias décadas. Pero ¿debe la política industrial abordarla también? ¿cómo afecta la necesidad de estos espacios en la productividad y el empleo?

La inversión en infraestructura para el cuidado como herramienta de política industrial

Política industrial con perspectiva de género: una mirada incipiente pero prometedora

La política industrial consiste en un conjunto de instrumentos que inciden sobre la productividad de la economía nacional a partir del apoyo de ciertas actividades (Lavarello, 2017). El proceso de industrialización que algunos países ya transitaron, y otros aún transitan, trajo como consecuencia el avance de un cambio estructural, el cual puede ser definido como un proceso en el cual la fuerza de trabajo se desplaza de sectores con menor valor agregado hacia sectores con mayor demanda de conocimiento (Barletta, 2017).

Si bien esto puede ser positivo en términos de crecimiento de la productividad, no siempre garantiza que los/as trabajadoras obtengan beneficios de la modernización industrial. En cuanto al género, este panorama empeoró la situación laboral femenina, y agrandó la brecha de género en términos de empleo industrial. Las causas de este fenómeno van desde la segregación laboral- estereotipos que ubican a las mujeres en determinados sectores, mayormente de menor calidad y mayor informalidad-; el requerimiento de mayores niveles educativos y práctica laboral; y la asignación “natural” por parte de la sociedad a las mujeres en la realización de tareas domésticas no remuneradas (TDNR). Si bien durante las últimas décadas se avanzó en este último punto- y sobre todo en los últimos años, en el caso de Argentina, por ejemplo, con la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado en 2020-, esta situación aún constituye sólo una tendencia.

Las políticas industriales pueden operar excluyendo a las mujeres del mercado laboral remunerado fomentando su participación en las TDNR; o bien pueden tener éxito excluyéndolas de participar en el proceso de desarrollo (Seguino, 2020). Pero en ambos casos se generarían impactos negativos no sólo sobre la productividad, sino también en términos de aumento de la brecha de género. Es por eso que, para garantizar un escenario de cambio estructural virtuoso que induzca el movimiento de la economía hacia una producción de mayor valor agregado con mujeres incluidas en este proceso, es necesario que tanto el Estado como el sector privado generen inversiones en infraestructura para el cuidado.

Cambio estructural y desfeminización del empleo en la industria

La política industrial es señalada como un medio para que los países puedan desarrollarse, lograr niveles de vida más altos y así, lograr el bienestar de la población (Seguino, 2020). Según Pablo Lavarello (2017), la política industrial consiste en “un conjunto de acciones e instrumentos que buscan incidir sobre la productividad de la economía nacional a partir del apoyo de ciertas actividades o sectores” (p.59). En este sentido, la industrialización acelerada de los países desarrollados trajo como consecuencia un proceso de cambio estructural, el cual puede ser definido como un proceso en el cual la fuerza de trabajo comienza a ubicarse en sectores de mayor productividad, desplazándose de empleos en la producción primaria y de bajos salarios hacia trabajos más intensivos en conocimiento (Barletta y Yoguel; 2017).

Este proceso tuvo- y aún tiene- efectos positivos en términos de crecimiento de la ocupación, mejora en la productividad y, por ende, aumento del ingreso nacional. Además, capta los frutos del progreso técnico y eleva el nivel de vida de los habitantes (Prebisch; 1949 en Barletta y Yoguel; 2017).

Sin embargo, esta transformación tuvo sus efectos negativos en lo que a igualdad de género respecta: estos puestos de trabajo de baja remuneración que el cambio estructural fue desplazando para dar lugar a empleos en sectores que implican mayor conocimiento, tenían una alta tasa de participación femenina, mientras que los nuevos puestos de trabajo generados en la industria tienen una mayor predominancia masculina. Por ende, se produjo una desfeminización del empleo general y manufacturero en la industria, lo cual contribuyó a exacerbar la brecha de género existente.

El hecho de que los puestos de trabajo en la industria- y principalmente los intensivos en conocimiento- tengan una mayor presencia masculina que femenina se da por varios motivos: En primer lugar, la incorporación constante de tecnología genera que los costos laborales no sean una limitación para las ganancias de las empresas. Previamente, la contratación de mujeres con salarios más bajos era más “tentador” porque su costo laboral impactaba más en el producto final. Ello cambió a medida que se fue incorporando tecnología al proceso productivo.

Por otro lado, los puestos de trabajo requieren mayor conocimiento (el proceso de cambio estructural que experimentan estos países implica la orientación hacia industrias más intensivas en conocimiento); y las mujeres, al tener menor práctica laboral, se encuentran en una situación de desigualdad frente a los hombres. En este sentido, los factores culturales son los que operan fuertemente, ya que esta falta de práctica laboral se da por dos causas: primero, existen factores culturales que generan una segregación laboral por género. En este sentido, hay estereotipos que siguen operando, que ubican a las mujeres en determinados sectores (mayormente en sectores industriales de menor calidad y mayor informalidad) y a los hombres en otros, que suelen estar más vinculados al conocimiento (por ejemplo, las ingenierías).

Segundo, la sociedad naturaliza que sean las mujeres, las que realizan tareas domésticas no remuneradas. Esto genera conflictos en términos de conciliación de trabajo productivo y reproductivo, generando una mayor presencia de este grupo en trabajos de medio tiempo o en el mercado laboral no remunerado (cuidados, labores domésticas). Además, esto trae como consecuencia una mayor dificultad para acceder a mayores niveles educativos y a prácticas laborales.

Todas estas condiciones mencionadas generan una situación desigual para las mujeres en cuanto a su posición en el empleo y en la estructura productiva, empeorando la situación laboral femenina. Si bien el proceso de cambio estructural mencionado puede ser positivo en términos de crecimiento de la productividad y de desarrollo económico, no siempre garantiza que los y las trabajadoras obtengan beneficios de la modernización industrial.

La importancia de la inversión en infraestructura para el cuidado

La economía feminista amplió el concepto de capital humano, señalando que es un activo coproducido tanto por el gobierno- a través de la educación formal- como por las familias. Dentro de las familias, las inversiones en capacidades humanas son mayormente desarrolladas por mujeres, quienes llevan a cabo el trabajo de reproducción social mediante el cuidado tanto remunerado como no remunerado. Esto aumenta la capacidad productiva futura, generando crecimiento económico.

Si las mujeres participan en la economía remunerada, ello afecta su capacidad de inversión en capacidades humanas (lo cual queda en evidencia en la mayoría de los países, con la baja en la fecundidad derivada de la planificación familiar, producto de la profesionalización e inserción de mujeres en el mercado laboral) y esto tiene efectos negativos sobre la reproducción social. A su vez, si las mujeres tienen condiciones desiguales para ingresar al mercado laboral remunerado (salarios más bajos, mayor oferta en empleos informales y/o con malas condiciones laborales) y se ven más incentivadas a realizar las tareas domésticas no remuneradas, generando consecuencias negativas en la productividad y, a su vez, en la demanda agregada.

Las políticas industriales pueden tener éxito explotando el tiempo de las mujeres y/o excluyéndolas de participar en el proceso de desarrollo, pero ambas opciones generarían consecuencias negativas a largo plazo vinculadas al menor crecimiento de la productividad laboral.

En este sentido, garantizar un escenario de cambio estructural que induzca el movimiento de la economía hacia una producción de mayor valor agregado con mujeres incluidas en este proceso- prestando atención a las tendencias que las excluyen de los salarios más altos y de los puestos técnicamente más sofisticados- constituye una tercera opción viable y beneficiosa en términos no sólo productivos, sino en reducción de la brecha de género.

Entonces, ¿cómo lograr una política industrial inclusiva en términos de género?

Stephanie Seguino (2020) ha abordado varios canales a través de los cuales se puede contribuir a reducir la brecha de género en el empleo industrial y en el salario, y uno de ellos implica inversiones públicas adecuadas y políticas que promuevan el desarrollo de capacidades humanas mediante la redistribución y reducción de las cargas de cuidados. En este sentido, la infraestructura del cuidado comprende a “(…)toda infraestructura orientada a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos, no sólo de quienes reciben cuidados(…) sino también de quienes lo brindan” (Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, 2021). Su promoción contribuye no sólo a la protección integral de los derechos de la Primera Infancia, sino también a la reducción de cargas de cuidados en los hogares, y principalmente a las mujeres, quienes realizan estas tareas en mayor medida que los varones. Estas inversiones brindarían más tiempo libre a las mujeres- a quienes se les asigna cultural y socialmente el ejercicio de las tareas de cuidado no remunerado- para realizar otras actividades, fortaleciendo su autonomía económica.

Es importante destacar que esta desigualdad en la distribución de tareas de cuidado se pueden visualizar en las Encuestas de Uso del Tiempo realizadas por el INDEC en el año 2013, en las cuales se determinó que estas actividades son realizadas en un 76% por mujeres y un 24% por varones, dedicando las primeras en promedio 6,4 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado y, los segundos, 3,4 horas diarias; es por ello que las bajas tasas de participación en el mercado laboral formal de mujeres con niños/as en su hogar se explica, en gran parte, por la falta de servicios de cuidado de gestión estatal.

Esta necesidad de que tanto el sector privado como el Estado inviertan en espacios de cuidado se potenció con la pandemia, la cual generó un escenario de refamiliarización de los cuidados: en esta coyuntura no sólo se profundizó la estructura familiarista de los cuidados que históricamente caracterizó a nuestra sociedad, sino también el desigual reparto de roles de género (Del Río Lozano, 2020). Es por ello que la puesta de este tema en agenda se torna sumamente necesaria, tanto para contribuir a la reducción de la brecha de género, como para garantizar un escenario de cambio estructural virtuoso que induzca el movimiento de la economía hacia una producción de mayor valor agregado con mujeres incluidas en este proceso.