Un modelo de país federal tiene que tener una hoja de ruta en la que la producción, la educación, la ciencia y la tecnología sean los pilares para el desarrollo. El mercado laboral argentino tiene problemas estructurales que requieren una intervención temprana y coordinada. La precarización de las condiciones de trabajo y la falta de adecuación entre la oferta educativa y las demandas del mercado afectan la productividad, los ingresos, la integración y la protección social. Para abordar esta problemática se necesita del diseño y la construcción de agendas sociales y políticas públicas, adecuadas a los cambios en el mundo del trabajo.
Las pymes argentinas tienen una dificultad creciente para cubrir las vacantes, que van desde personal universitario, personal calificado y técnicos no universitarios hasta personal no calificado (datos de encuestas de la Fundación Observatorio PyME, y de Manpower Group). Esta dificultad atraviesa a todo el abanico de sectores de la industria manufacturera: desde alimentos y bebidas, productos de papel, madera y metal hasta confección de indumentaria, calzado y cuero, y fabricación de maquinaria y equipo, entre otros, y se desplaza hacia sectores “nuevos” (tales como agroindustria o servicios intensivos en conocimiento).
La relación educación-trabajo y, en particular, la brecha entre la formación académica y la experiencia práctica exigen una estrategia que integre el desarrollo de habilidades y competencias a lo largo de toda la vida laboral. La formación, pensada desde esta perspectiva, no implica una etapa acotada sino un proceso permanente a lo largo de la vida.
La educación para el trabajo resulta esencial para promover la inclusión laboral, generar movilidad social ascendente e igualar oportunidades. También para abordar los desafíos cambiantes del mercado laboral, mejorar la productividad y elevar la calidad del empleo. En este sentido, es relevante un análisis prospectivo, vinculado a la aparición de nuevas ocupaciones producto del cambio tecnológico y organizacional. Es necesaria una educación que acompañe el desarrollo del país que queremos y que genere empleos productivos, profundizando los procesos de calificación de los trabajadores.
¿Qué pasa en el ámbito educativo?
Los cambios en el sistema de educación argentino han tenido un impacto significativo en el nivel educativo de la población en edad de trabajar. En este recorrido es importante mencionar la Ley 24.049 (1992), que estableció la transferencia a las provincias (descentralización) de los servicios educativos del nivel secundario y terciario, que hasta entonces eran administrados por la Nación, lo que forzó la integración de un conjunto importante de instituciones con tradiciones e historias diferenciadas en las jurisdicciones. La sanción de la Ley Federal de Educación (Ley 24.195) en 1993 completó el esquema de reformas, planteando un cambio de la estructura académica de todo el sistema educativo. En 2005 se sancionó la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y en 2006 la Ley de Educación Nacional 26.206. Estas normas establecieron la homogeneización de todo el sistema educativo nacional y la obligatoriedad de la educación secundaria. Por último, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) apuntaba a incrementar los recursos para el área educativa pública. Aún con este recorrido, el sistema enfrenta retos críticos en todos sus niveles.
La educación primaria, aunque asegura una tasa alta de cobertura y de egreso (que alcanzó el 98% en 2022 y continúa creciendo), sufrió un deterioro en los indicadores de calidad (lectoescritura por ejemplo). Cabe mencionar que en los últimos años se ha dado a la vez un fenómeno de privatización de la matrícula escolar en educación básica –mayor en el nivel primario–, lo que acentúa la segregación según estrato social.
Con respecto al nivel secundario, egresa sólo el 61% de los estudiantes argentinos (dato 2022), lo que representa un obstáculo para ingresar a la mayoría de los empleos. A esto se suman los efectos de la pandemia, que provocó que muchos jóvenes tuvieran más dificultades y menos incentivos para finalizarla. Existen tasas elevadas de abandono (estable y en torno al 10% en los últimos años) y repitencia (también en torno al 10%), con valores más altos en el Norte Grande, en sectores populares y en varones. La sobreedad, si bien disminuyó en los últimos años, está en torno al 30%. Sumado a esto, Argentina se encuentra entre los peores desempeños (junto a otros países latinoamericanos) en las pruebas estandarizadas PISA –de las que participan 81 países–: se ubica en el puesto 58 en lectura, en el 66 en matemática y en el 60 en ciencia. Los resultados son un ejemplo de que tanto la cobertura como la calidad educativa se correlacionan con las desigualdades socioeconómicas.
Por su parte, la educación técnica se vio seriamente afectada desde los años 90, junto al declive que sufrió la industria y especialmente las mipymes. Sus mejores momentos coincidieron con las etapas de crecimiento de la industria nacional, razón por la que sigue necesitando impulso para restablecer su prestigio y reconocimiento social. Cabe mencionar que crecieron tanto las instituciones (+65% entre 2006 y 2023) como la matrícula (+52% en el mismo período), superando incluso a la secundaria de gestión estatal. Sigue siendo una cuenta pendiente la matrícula de mujeres (que en 2021 se encontraba en torno al 34%).
Acompañando la democratización de la enseñanza media, se produjo también una expansión de la educación superior en oferta terciaria y universitaria pública: en 20 años se duplicó –y más– la cantidad de graduados (de 63.000 en el año 2000 a 142.000 en 2021). La oferta de instituciones de nivel superior técnico crecieron un 360% entre 2006 y 2023. La universidad pública es una herramienta de inclusión y es motor de crecimiento. Su carácter de irrenunciable quedó demostrado con la marcha del 23 de abril pasado. Sin embargo, aunque la proporción anual de graduados es creciente (pasó del 0,17% en 2000 al 0,31% en 2021), sigue siendo baja y refleja un efecto de “arrastre” de lo que sucede en la educación secundaria.
Nuestro país debe seguir fortaleciendo las instituciones para romper estas desigualdades estructurales y promoviendo estrategias para acompañar las trayectorias educativas. A pesar de lo anterior, el recorrido en materia educativa resultó en que los niveles del conjunto de los ocupados se incrementaron de manera sustancial. Entre los años 2003 y 2022 la proporción de personas con secundaria completa aumentó 10 puntos porcentuales (pp), mientras que la participación de personas con terciario o universitario completo creció en 5 pp. Estos resultados también se debieron a programas de apoyo y fomento a la finalización de estudios medios, como la Asignación universal por hijo (AUH) o el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).
¿Qué pasa en el ámbito laboral?
Es evidente que cuanto mayor es el nivel educativo menor es la tasa de empleo no registrado, y mayor es la probabilidad de empleos de mayor calidad y, por lo tanto, de mayores ingresos. El mercado laboral argentino tiene una alta predominancia de empleos de mala calidad: en 2022 sólo 2 de cada 5 personas activas tenían un empleo pleno de derechos. Si bien la brecha de ingresos laborales tiene su diferencial por la calidad del empleo, el capital educativo resulta ser un factor aún más determinante en la remuneración. Al hablar de salario, no se puede evitar mencionar la brecha de género: las mujeres ocupadas ganan 27,7% menos que los varones, insertándose en ramas menos valoradas y dinámicas (por ejemplo las asociadas al cuidado).
La tendencia en el empleo formal va hacia una mayor demanda de calificación y más años de escolaridad para sostenerse en el mismo nivel ocupacional. La cantidad de ocupados con niveles educativos más altos aumenta por encima del promedio de ocupados, en cambio se reduce la de trabajadores que no finalizaron sus estudios secundarios. En momentos de expansión, la educación resulta ser una herramienta de movilidad social ascendente, mientras que en momentos de recesión puede colaborar en moderar la “caída”.
No es menor mencionar que la tasa de desocupación en jóvenes es cuatro veces mayor que la media nacional. Los jóvenes son quienes tienen los mayores desafíos para insertarse en el mundo laboral y estabilizar sus trayectorias y, como consecuencia, quienes se ven más afectados por el trabajo no registrado y la precariedad laboral.
El contexto de la pandemia y las nuevas formas de trabajo han agregado complejidad, lo que exige una respuesta adaptativa e innovadora. El cuentapropismo y el auge de los servicios profesionales son aspectos que requieren atención, especialmente por su impacto en la informalidad laboral y las condiciones de trabajo. El crecimiento del empleo independiente tiene efectos en la protección social (jubilación, seguro de salud, protección sindical, etcétera). Asimismo, los empleos de baja calificación se encuentran más expuestos a la sustitución tecnológica.
¿Dónde se conectan estos dos mundos?
En Argentina se desarrollan numerosas y diversas acciones y experiencias que buscan unificar una institucionalidad que contemple un sistema de formación continua de los trabajadores.
El modelo tripartito que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que incluye la colaboración entre el Estado, las empresas y los sindicatos– es un puntapié eficaz para hacerlo. Nuestro país ya ha avanzado en la construcción de Consejos Sectoriales Tripartitos de Formación Profesional y Continua y Certificación de Competencias Laborales, y en la Comisión de Formación Profesional del Consejo del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Desde el ámbito educativo, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que tiene bajo su órbita la Educación Técnico Profesional –que comprende la educación técnica, las tecnicaturas superiores no universitarias y la formación profesional– promueve en los estudiantes las prácticas profesionalizantes, buscando acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo. Cuenta con el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP), un órgano consultivo que busca fomentar la colaboración entre el sector educativo y el productivo, a la vez que promueve la creación de Consejos Provinciales, redes de Institutos de Formación Profesional y mesas sectoriales.
Desde el ámbito laboral también se ofrece formación profesional, se regulan las pasantías educativas y existen diversas acciones y programas de entrenamiento para el trabajo y la reinserción. Además, las agencias territoriales y las oficinas de empleo –bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo– asisten y orientan a trabajadores y empleadores. Según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la proporción de empresas que realizan actividades de capacitación para sus trabajadores es creciente (en torno al 60%), y es mayor según el tamaño de la empresa. Además, existen muchas cámaras empresariales como la UIA (industria), IDEA (negocios), ADIMRA (metalúrgicos) y Argencon (economía del conocimiento), junto con sindicatos como UOCRA, UTHGRA, Luz y Fuerza, UOM y SMATA –por mencionar algunos– que están contribuyendo activamente a estos esfuerzos.
También funciona desde 2019 la Mesa Multidisciplinaria y Multisectorial de articulación Educación – Trabajo, conformada desde la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que promueve el diálogo entre actores claves en el sector educativo, productivo y laboral. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también juega un papel importante impulsando discusiones concretas en la materia, así como los múltiples observatorios (por ejemplo, Argentinos por la Educación) que analizan la evolución de muchos de los indicadores aquí mencionados. Hay una amplia variedad de organizaciones, expertos y especialistas que trabajan para promover el desarrollo de habilidades con un enfoque sectorial, productivo y tecnológico.
¿Por dónde avanzar?
A continuación se ordenan los desafíos y las posibles líneas de trabajo, con el debido disclaimer de que existen múltiples variables que no se abordan en este análisis –y que desde ya son puntos relevantes–, tales como la carrera docente, el presupuesto educativo o la conectividad, por mencionar algunos.
- -Institucionalidad y gobernanza: se necesita un marco robusto que fomente la coordinación y el diálogo hacia dentro y fuera del estado, así como los acuerdos políticos que orienten acciones integrales. El reconocimiento de certificaciones de competencias y la acreditación de saberes sociolaborales son pasos esenciales en este rumbo. También es importante generar un marco regulatorio de trabajo decente que incentive la formalidad y proteja a los trabajadores, así como programas de terminalidad educativa junto con políticas de empleo joven.
- -Articulación con la demanda productiva local: es importante que el sistema educativo pueda alinearse a las necesidades del mundo productivo y del sistema científico-tecnológico. Los observatorios de empleo y calificaciones cumplen un papel fundamental para relevar la oferta y demanda de habilidades y nuevos perfiles productivos, y evitar así la sobreoferta o incluso la sobredemanda. La modernización de los planes de estudio y la promoción de la formación continua son vitales para cerrar la brecha de competencias.
- -Mejora continua y modernización: el entorno formativo debe actualizarse para incluir nuevas tecnologías como inteligencia artificial, ciencia de datos y realidad virtual a los esquemas tradicionales del aula-taller. Aquí el sector productivo, las universidades y el sistema de ciencia, tecnología e innovación cumplen un rol importante para el cofinanciamiento. Asimismo, la generación de datos e información educativa-laboral permite evaluar y monitorear las políticas públicas. Las evaluaciones de desempeño estudiantil, de seguimiento de egresados y de acompañamiento de trayectorias o el desarrollo de nuevos sistemas de gestión, evaluación e información son acciones que contribuyen en este sentido, al asegurar la calidad formativa.
Resulta fundamental seguir las cadenas de valor estratégicas de la Argentina, incluyendo aquellas intensivas en empleo calificado, y trabajar en modelos institucionales que articulen con la diversidad de políticas públicas. Se necesitan dispositivos de formación que generen mecanismos integrados e integrales en los que se puedan vincular espacios de educación formal, formación profesional, y cursos de capacitación laboral y educación superior, entre otros. En un esquema similar a las sinergias que incitan los parques industriales, se pueden crear ámbitos que incluyan todos los niveles y modalidades educativas, orientados a sectores productivos y acompañados por políticas activas de empleo.
La mejora del sistema educativo y su relación con el empleo es un proceso que requiere coordinación y compromiso, y ante todo necesita de una mirada de largo plazo. El camino para alcanzar el modelo de país que queremos es complejo pero prometedor. La colaboración entre instituciones educativas, el sector productivo y el Estado, junto con la adopción de tecnologías emergentes, pueden ser claves para avanzar hacia políticas públicas más cohesivas e inclusivas.
Por Mercedes Menga
