El cambio climático se ha revelado, en los últimos decenios, como uno de los problemas globales más importantes a los que se enfrenta la humanidad. El aumento progresivo de la temperatura media de la Tierra no sólo supone una amenaza para la humanidad sino que pone en tela de juicio los esquemas de consumo y producción conocidos, abriendo el escenario a cambios paradigmáticos en nuestro proceso de desarrollo.
Dada la urgente necesidad de actuar sobre el cambio climático, el sector energético se torna prioritario y estratégico ya que es una de las piezas fundamentales dentro del engranaje económico dado que dependen de él prácticamente todos los demás sectores y actividades. Asimismo, a nivel mundial, representa tres cuartas partes de las emisiones de GEIs totales y más de la mitad en Argentina. Una matriz energética más limpia a partir de tecnologías verdes y fuentes renovables o limpias se torna una necesidad prioritaria y una oportunidad para el desarrollo social, ambiental y económico.
Transición(es) Energéticas
Resulta importante aclarar qué es una transición energética, ya que transiciones energéticas han habido muchas a lo largo de la historia y resulta interesante entender las diferencias con la transición actual.
Consumo mundial de energía primaria directa al 2019.
Una transición energética se entiende como el paso de un sistema energético basado en combustibles fósiles a otro sistema climáticamente neutro que aproveche los nuevos avances tecnológicos, principalmente las energías renovables, así como las oportunidades de racionalización de la demanda aumentando la eficiencia energética y el cambio de hábitos de consumo. La producción de energía renovable será el principal portador de energía limpia pero también será necesario proporcionar energía limpia a aquellos sectores industriales y de transporte que no se espera que estén electrificados y necesitarán acceso a combustibles descarbonizados. En este sentido, una transición energética requiere un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de la energía, multidimensional y a largo plazo.
El proceso de transición energética en el que nos encontramos implica un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía, lo cual tiene consecuencias inciertas en los modos de organización social. A diferencia de las transiciones del pasado, que surgieron endógenamente como resultado de innovaciones tecnológicas y/o descubrimientos de recursos, la actual es una transición consciente para evolucionar del paradigma fósil, que fue un gran facilitador de la expansión de las economías centrales en los últimos dos siglos como causante del deterioro ambiental del planeta.
Si la transición energética actual pretende cumplir con los objetivos climáticos pactados, no alcanza con agregar fuentes limpias a un consumo creciente de carbón o petróleo, la sustitución de energías debe ser real y absoluta. El objetivo global de reducción de emisiones impone el abandono progresivo de estos combustibles, a una velocidad y magnitud significativa.
Transición energética como motor del desarrollo
El concepto de transición energética acoplada no solo apunta a alcanzar cero emisiones para 2050 sino a contribuir al crecimiento económico y al mejoramiento de la salud pública. Debe comprenderse que una transición acoplada y ambientalmente justa presupone la necesidad de trabajar en sectores que serán claves en la economía de las próximas décadas de forma tal de generar oportunidades de empleo e inversión que permitan que la adecuación de métodos de producción no compatibles con un sendero de descarbonización de largo plazo no provoque impactos negativos en términos de empleo, condiciones de vida o desarrollo territorial, sino que los fomente.
Como plantea la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Cecilia Nicolini (PNAyMCC, 2022):
“Diseñar la política climática para nuestro país es pensar el modelo de desarrollo que queremos a largo plazo”.
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) indica que el sector de energías renovables emplea actualmente 12 millones de personas en el mundo y proyecta 38 millones para 2030 y 43 millones para 2050, bajo un escenario de neutralidad de carbono. A su vez, un estudio de CIPPEC (2020) plantea que la transición energética puede promover, en Argentina, la generación de más de 34.000 empleos en la industria energética y sus proveedores directos e indirectos, 44.000 empleos en la construcción, y agregar USD 8.400 millones de actividad en la próxima década si se sostiene el actual nivel de integración de componentes nacionales. En Argentina, por ejemplo, solamente el programa RenovAr implicó la creación de casi 15.000 puestos de trabajo.
A su vez, la creación de puestos de trabajo asociados a la transición energética abre un nuevo desafío: la disminución de las brechas territoriales, ya que una transición energética puede ser una oportunidad para el desarrollo territorial, y la disminución de brechas de género.
Como vemos, una transición energética puede tener múltiples ventajas además de contribuir a la descarbonización de las economías. Otra de ellas es la incorporación de nuevas fuentes de energía limpia ya que favorece a la diversificación de la matriz energética y la sostenibilidad energética. La construcción de centrales de generación de energías limpias – parques eólicos, solares, centrales de bioenergías, reactores nucleares, aprovechamientos hidroeléctricos – traccionan la adquisición de equipamiento e insumos junto con una diversidad de servicios como montaje, instalación, operación y mantenimiento. De esta manera, la transición energética puede ser un traccionador del desarrollo productivo al aprovechar las capacidades tecnológicas nacionales. Como vimos, una transición energética implica mucho más que agregar nuevas fuentes de energía y puede tener grandes externalidades positivas en el conjunto de la economía y la sociedad.
Una transición energética pensada de manera integral requiere un cambio complejo. Para lograr esto y cumplir los objetivos asumidos a lo largo de los últimos años, es indispensable la planificación coordinada e integral de una propuesta de transición energética a partir de metas y acciones concretas, eficientes y sostenibles.
Planificación: inversión con visión de futuro
La gran mayoría de las actividades económicas y no económicas de todos los países dependen hoy en día de la producción de energía de alguna u otra manera. La transformación de estas actividades a formas menos contaminantes y adaptadas a las demandas del cambio climático requieren planificación a gran escala pero sobre todo requieren visión de largo plazo. De allí su relevancia para todos los países por ser un asunto transversal no limitado al sector energético.
Un plan de desarrollo, como herramienta de gestión que promueve el progreso social en un determinado territorio, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Como veremos, la transición energética integrada en los planes de estímulo y/o recuperación resulta ser una gran inversión con visión de futuro capaz de tener un triple impacto: social, económico y ambiental.
Pero antes, es necesario comprender que cualquier agenda de transición energética será particular para cada país o región según sus características específicas como geografía, capacidades tecnológicas, posición geopolítica y posibilidades económicas. El G20 celebrado en el 2018 en Argentina adoptó el concepto de “transiciones” el cual reconoce que:
“Los países disponen de diferentes vías para alcanzar sistemas energéticos más limpios, mientras promueven la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad energética. Esta perspectiva refleja el hecho de que cada miembro del G20, de acuerdo con su etapa de desarrollo, cuenta como punto de partida con un sistema energético singular y diverso con diferentes recursos energéticos, una dinámica particular de la demanda, tecnologías singulares, distintos capitales, geografías específicas y culturas diferentes” (G20, 2018).
Países como Francia, que a sólo cuatro meses de la Cumbre del Clima de París mostró la voluntad de cambiar su modelo energético por uno más sostenible, que siga garantizando su desarrollo económico, a partir de la creación de la Ley de Transición Energética y del Plan Plurianual de Energía (PPE o Program pluriannuelle de l’énergie) a modo de hoja de ruta para llevar a cabo un programa de transición de cara el 2023, estableciendo las principales orientaciones y acciones para los próximos siete años e incorporando un estudio de impacto económico, social y ambiental que resalta el efecto positivo de esta transición energética, con previsiones de un crecimiento económico de +1,1% del PIB para 2030, un aumento del valor industrial de +0,7% y la creación de 280.000 nuevos puestos de trabajo para el 2030.
O Chile, que al igual que Francia, en octubre del 2016 modificó la Ley Nº 20.936 General de Servicios Eléctricos estableciendo que el Ministerio de Energía deberá desarrollar cada cinco años un proceso de Planificación Energética de Largo Plazo para los distintos escenarios energéticos de generación y consumo, con especial foco en objetivos de eficiencia energética, tecnologías verdes y metas de emisiones de gases de efecto invernadero, y armó el 1er proceso quinquenal de Planificación Energética de Largo Plazo (PELP): 2018-2022 y, actualmente, el 2do proceso quinquenal PELP: 2023-2027 con dos objetivos primordiales: 1) proporcionar escenarios de desarrollo futuro para el sector energético chileno, con el fin de orientar el proceso de expansión del sistema eléctrico, y 2) identificar zonas que puedan ser potenciales polos de desarrollos de generación eléctrica proveniente de energías renovables para el suministro, mediante un interesante proceso de participación ciudada.
A su vez, actualmente España se enmarca entre los diez países donde más se invierte en energías renovables y esto se debe a una gran trayectoria de promoción del sector renovable. En 2021 España desarrolló el programa Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para financiar proyectos estratégicos por su capacidad de arrastre, su impacto sobre el crecimiento económico, el grado de colaboración público-privada necesario para su desarrollo o su relación con todos los niveles de la administración. Dentro de este grupo de proyectos se encuentra el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).
Por último, en Argentina contamos con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que hace apenas unas semanas, a principios de noviembre, y en el marco de la COP27 celebrado en Egipto, se presentó de cara al 2030. Un punto remarcable de este plan es que prioriza una mirada regional, haciendo énfasis en los desafíos y oportunidades que cada región tiene por delante.
Si bien el PNAyMCC no detalla explícitamente el impacto concreto de cada medida ni cómo se van a implementar, puntos que han sido cuestionados en la COP27, plantea 250 medidas de mitigación estructuradas en torno a enfoques transversales, líneas instrumentales y líneas estratégicas, y se ha remarcado la incorporación del fomento de prácticas agroecológicas ya que es la primera vez que un plan nacional vinculado al cambio climático reconoce la importancia de la agroecología.
Conclusión
Como vimos, el contexto actual encuentra al sector energético en medio de un acelerado proceso de cambio en todos los ámbitos. Cambios en la estructura del sector, en los mercados, en los actores y en su comportamiento como consecuencia del nuevo paradigma de la economía. A su vez, también se producen cambios en la composición de la canasta energética y en los hábitos de los usuarios impulsados por el cambio tecnológico y por la necesidad de hacer frente a nuevos desafíos.
Independientemente de los desafíos y las oportunidades presentados en cada uno de los planes, existen ciertos factores comunes en las necesidades de un Estado articulador en la planificación de largo plazo. Es fundamental impulsar una transición energética, que no solo sea sostenible, sino también sea justa, y que incluya instrumentos de reducción de la desigualdad a la vez que coordine el crecimiento de la demanda energética con los objetivos climáticos globales, sin dejar a nadie atrás.
Cada país deberá trazar su propio camino ya que no hay fórmulas idénticas para cada uno; el camino por recorrer dependerá de los recursos de los países, del buen uso que se le dé a éstos, de la responsabilidad y compromiso que asuman las naciones, de una planificación adecuada y una ejecución eficaz, de manera que el éxito dependerá de la buena administración de las oportunidades que el mismo contexto mundial genere para cada quién.
A su vez, en países como la Argentina, la transición energética no puede pensarse aislada de la realidad macroeconómica. Se debe armonizar un sendero compatible con la inclusión social, el crecimiento económico y la disponibilidad de divisas, contribuyendo a mejorar la performance de la economía argentina en cuanto a la generación de divisas y reduciendo la vulnerabilidad externa. En este aspecto, la planificación a largo plazo es indispensable para este sendero.
En síntesis, el acceso a la energía está en el corazón del desarrollo. Pero para que esto sea provechoso y virtuoso para la economía de un país es imprescindible contar con una consistente planificación energética de largo plazo, no sólo en vistas a 2030 sino a los objetivos de transición energética hacia el 2050, que tome en cuenta tanto los fundamentos de la descarbonización como las particularidades económicas de cada país de forma tal que sean un motor para el desarrollo.
Por Paloma Varona (@Palu_varona)
