La situación actual es crítica: cada vez experimentamos efectos más graves del cambio climático en nuestra vida diaria y lo podemos percibir en nuestra cotidianidad. Para hacer frente a este fenómeno, la mayoría de los países está tomando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, que fue celebrado en 2015 y en el que participaron casi 200 países, incluyendo Argentina. El objetivo principal del Acuerdo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a menos de 2°C, preferentemente a 1,5°C, por sobre los niveles preindustriales. Además, se plantea lograr la neutralidad de carbono para 2050, lo que implica equilibrar las emisiones generadas con las absorbidas.
Sin embargo, el sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, así como el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2021, alertan sobre la urgencia de implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Caso contrario, no será factible alcanzar las metas de reducción de emisiones de GEI establecidas para 2030 y 2050 en el marco del Acuerdo de París. Es por esto que se hace urgente impulsar la transición energética a nivel global.
La transición energética implica un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de la energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder facilitar la descarbonización necesaria para mitigar el cambio climático, además de incidir favorablemente sobre el desarrollo económico, productivo y tecnológico nacional. El desafío es doble: paliar la crisis ambiental e impulsar el desarrollo productivo. A su vez, sería deseable que la transición energética genere nuevos empleos registrados y reduzca las desigualdades territoriales y de género.
Además de contribuir a la descarbonización de las economías, la incorporación de nuevas fuentes de energía limpia favorece la diversificación de la matriz energética y la sostenibilidad energética, constituida por tres dimensiones: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. Para el caso argentino puede sumarse una cuarta dimensión: el desarrollo tecno-industrial, entendido como la consolidación, ampliación y/o creación de capacidades tecnológicas e industriales vinculadas a las energías limpias. Así, la transición energética es una oportunidad para fomentar el crecimiento económico, las industrias verdes y la generación de empleo con equidad.
La construcción de centrales de generación de energías limpias –parques eólicos, solares, centrales de bioenergías, reactores nucleares modulares, etc. – tracciona la adquisición de equipamiento e insumos junto con una diversidad de servicios como montaje, instalación, operación y mantenimiento. A su vez, la transición energética también brinda oportunidades para desarrollar nuevas capacidades vinculadas con las industrias verdes. Tal es el caso, por ejemplo, de las iniciativas asociadas a la producción de reactores nucleares modulares y/o al hidrógeno verde (y otras variantes de hidrógeno bajo en emisiones) que, si bien aún se encuentran en una etapa experimental, son oportunidades para que Argentina sea un actor relevante a nivel mundial. Lo mismo ocurre con las tecnologías para el monitoreo y gestión del uso de la energía que a pesar de ser sectores de nicho aportan al proceso de transición ambiental y al desarrollo de las industrias verdes. De esta manera, si se aprovechan las capacidades tecnológicas nacionales, la transición energética puede ser un traccionador del desarrollo productivo.
Como consecuencia del desarrollo de las industrias verdes, se abre el camino para la generación de más empleos. En Argentina, por ejemplo, se estimó que el programa RenovAr, que fue la principal iniciativa para convocar a licitaciones públicas para la adjudicación de proyectos de energías renovables, implicó la creación de más de 5.000 puestos de trabajo según la Subsecretaría de Energías Renovables. Por supuesto, en la medida en la que haya mayor participación de la producción nacional, habrá más empleo. Así, la creación de puestos de trabajo asociados a la transición energética abre un nuevo desafío: la disminución de las brechas territoriales y de género.
El sector energético argentino
Según la plataforma Climate Watch, a nivel mundial el sector energético es responsable de más de las tres cuartas partes del total de emisiones. En Argentina también es el sector que encabeza las emisiones, aunque su contribución no supera la mitad del total.
A nivel global la participación de los combustibles fósiles se ubica en torno al 82%, liderado por el petróleo (31%), seguido del carbón con el 27% y el gas natural (24%). Mientras tanto, en Argentina la principal fuente de energía es el gas natural (48%), el combustible fósil con menores emisiones de CO2, seguido por el petróleo (36%) y el carbón (menos del 2%).
Al reparar en la matriz de energía eléctrica argentina se observa una fuerte presencia de fuentes térmicas (59%) seguidas por generación hidroeléctrica (25%). Si bien las fuentes renovables representan alrededor de un 13% en la actualidad, Argentina tiene el objetivo, establecido a partir de la Ley 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica), de alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica provisto por fuentes de energía renovable a 2025.
Potencia eléctrica instalada por fuente (MW), 2011-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA.
La trayectoria de los últimos años, como se puede ver en el gráfico, indica un aumento importante en la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica. En ese marco, se han instalado sistemas de generación distribuida, tanto en aquellas provincias que adhirieron a la Ley 27.424, como en las provincias que tienen esquemas regulatorios propios. En términos generales, el esquema implica que los usuarios inyectan energía en la red y la distribuidora lo reconoce económicamente en la factura. Esta actividad, que cuenta con un enorme potencial de crecimiento, depende en gran parte de los esquemas tarifarios en cada jurisdicción ya que estos condicionan los incentivos económicos que perciben los usuarios-generadores al volcar la energía en la red.
Sin embargo, la incorporación de generación renovable se ha desacelerado por la falta de financiamiento externo adecuado desde mediados de 2018 y debido a la saturación del sistema del transporte eléctrico nacional que limita la incorporación de una gran cantidad de nuevos proyectos. Esta situación representa un desafío adicional para el cumplimiento de los objetivos planteados en el marco de la Ley 27.191.
De todas formas, y a pesar de la desaceleración experimentada últimamente, están proyectadas un conjunto de iniciativas que auguran una demanda constante de infraestructura para los próximos años: Parque Eólico Arauco (La Rioja) prevé la ampliación de su parque con 200 MW adicionales de potencia solar, cuya última etapa podría involucrar tecnología nacional. La provincia de Catamarca podría invertir en 230 MW de proyectos renovables con la capacidad de transporte actual, y está evaluando generar energía para las empresas mineras que allí están establecidas. Por otra parte, la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) tiene el proyecto del Parque Solar El Quemado que alcanzaría una potencia instalada total de 400 MW luego de cuatro etapas. Además, la Agencia de Inversiones de Neuquén presentó el Parque Eólico Picún Leufú de 100 MW, cuyo costo asciende a USD 140 millones en tres etapas, contará con la asistencia financiera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los aerogeneradores podrían ser provistos por IMPSA. La provincia vecina, Río Negro, presentó el proyecto eólico Cerro Policía que llevan adelante la empresa Eólica Rionegrina S.A. (ERSA) e INVAP, las cuales a su vez están interesadas en asociarse con IMPSA. La primera etapa del proyecto consta de 300 MW y una segunda que sumará 600 MW, que podrían combinarse con la generación hidroeléctrica de la provincia, dado que los mejores vientos coinciden con época de sequía durante el año. Estos proyectos podrían traccionar la producción local, con su consecuente impacto en el mercado laboral. Para consolidar las oportunidades, será necesario dar respuesta a los desafíos que presenta el sector a nivel local.
Capacidades tecno-productivas en la generación de energía eólica y solar
En la industria nacional existen capacidades de sustitución de importaciones tanto en forma inmediata como en forma potencial, lo que permitiría no sólo un ahorro sustancial de divisas, sino también el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales de cara a la transición energética global en curso. El Registro de Proveedores de Energías Renovables (ReProER) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tiene registradas 271 empresas proveedoras de bienes están insertas en distintos eslabones de las cadenas de valor de las tecnologías eólica, solar y bioenergías. Además, el 54% de esas empresas tiene capacidades para ser proveedoras de todas las tecnologías (eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás, etc.). Algunas de las mayores firmas proveedoras son reconocidas empresas como IMPSA, A-Evangelista, Calviño y Astillero Río Santiago. El rubro con mayor potencial local en la provisión de bienes es el de obra electromecánica (transformadores, tableros eléctricos, interruptores, conductores o aisladores, entre otros) para abastecer a los parques de generación renovable, pero que requieren el diseño de una estrategia específica para lograr una mayor inserción que la que tuvieron hasta ahora.
Las grandes dificultades que afrontan estas empresas pasan principalmente por el financiamiento y la escala de producción, pero también por la velocidad del cambio tecnológico en un mercado global que tiende a desarrollar aerogeneradores de mayor potencia y mejor rendimiento. Un gran ejemplo de esto es IMPSA que, ante las dificultades financieras, el Estado nacional y la provincia de Mendoza tomaron la decisión conjunta de capitalizar a la empresa con un aporte total de USD 20 millones. La decisión gubernamental estuvo vinculada con la recuperación estratégica de las capacidades de la empresa en materia de diseño y fabricación de equipamientos hidroeléctricos, eólicos, nucleares y para la industria petrolera. Su experiencia en la industria hidroeléctrica los llevó a desarrollar un generador asincrónico con la turbina acoplada directamente al generador, es decir, sin caja multiplicadora que tiene como beneficio un menor mantenimiento asociado.
En el caso de la energía solar, los proveedores locales se insertan en los últimos eslabones del proceso de confección del módulo, como el montaje de componentes, la laminación y el ensamble final, que son los de menor contenido tecnológico y valor agregado sobre el bien final. Por lo tanto, no manejan la tecnología fotovoltaica a nivel de la celda como para aspirar a la integración vertical del proceso productivo, lo cual los lleva a no poder competir por precio con las grandes empresas multinacionales (especialmente las de origen chino). No hay oferta local de inversores de alta potencia, que no se debe a limitaciones tecnológicas, sino a obstáculos de financiamiento y demanda discontinua del mercado local. Según una estimación realizada a partir de la experiencia del programa RenovAr, el contenido nacional máximo al que se podría aspirar para un parque solar es del 49%. Sin embargo, existe cierta capacidad de producción por parte de los ensambladores locales de módulos fotovoltaicos (45 MW al año) principalmente por tres empresas: LV-Energy (San Luis), Ledlar Sapem (La Rioja) y Solartec (Buenos Aires y La Rioja).
Un caso aparte es la sanjuanina EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) que es una empresa de generación eléctrica, nacida en el año 2004 y controlada por el gobierno de San Juan. Administra centrales hidroeléctricas y parques solares. Además cuenta en su cartera con proyectos eólicos y geotérmicos, todos en el territorio provincial. Se destaca el Proyecto Solar San Juan, cuyo objetivo es la fabricación de paneles solares fotovoltaicos en la provincia, que incluya todas las etapas productivas, desde la obtención del silicio hasta la elaboración de los módulos para ser utilizados, en principio, en proyectos propios. El proyecto original pretende destinar los paneles fabricados al Parque Solar Tocota, dentro de la misma provincia, para alcanzar los 350 MW a través de distintas etapas a lo largo de cinco años. Asimismo, la empresa prevé un fuerte impulso de la demanda de electricidad de origen solar a nivel provincial en consonancia con el desarrollo de nuevos proyectos mineros a gran escala, fundamentalmente de cobre, que requieren mucha energía eléctrica.
Propuestas para fomentar la generación de energía eólica y solar fotovoltaica
| METAS 2030 | |
| Generación renovable | Aumentar el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica con renovables conectadas a la red del 13% actual al 25%. |
| Producción nacional para energía solar fotovoltaica | Alcanzar una potencia solar fotovoltaica producida con equipamientos nacionales de 850 MW (acumulado 2023-2030). |
| Producción nacional para energía eólica | Alcanzar una capacidad de producción nacional de turbinas para energía eólica de más de 800 MW anuales. |
| Generación Distribuida | Aumentar la generación distribuida de los 17 MW (2022) a 1000 MW en 2030. |
| Igualdad de género | Incrementar en 8 p.p. la feminización del sector de energías renovables, alcanzando una participación de 25% en 2030. |
| Desarrollo de proveedores | Ampliar la cantidad de empresas inscriptas en el REPROER (bienes) de 271 (2022) a 500 en 2030. |
| Aumento del empleo | Acrecentar la cantidad de puestos de trabajo en empresas inscriptas en el REPROER (bienes) de 38.181 (2022) a 70.000. |
| Federalización de la producción | Incrementar en 5 puntos el porcentaje de empresas inscriptas en el REPROER (bienes) fuera de CABA+PBA de 49% (2022) a 54%. |
En pos de cumplir con los objetivos marcados, será imprescindible darle previsibilidad a la generación renovable con contenido local. Deben promoverse mecanismos de incorporación de generación renovable que otorguen previsibilidad, continuidad y escala en el tiempo para favorecer a la industria nacional. Estos mecanismos pueden ir desde nuevas subastas de proyectos renovables hasta la contratación o compra pública para proyectos de abastecimiento eléctrico puntuales. Deberían pensarse también políticas de estímulo a la producción nacional de tecnología renovable otorgando una tarifa mayor a parques renovables que utilicen tecnología nacional, incorporando la exigencia de destinar una porción de tal diferencial tarifario a inversiones en I+D en tecnólogos nacionales, para acelerar el acercamiento de éstos a la frontera tecnológica.
Como vimos, un tema crucial es el financiamiento público hacia proveedores nacionales. Será fundamental procurar la direccionalidad del financiamiento público hacia los proveedores nacionales (de bienes y servicios), mediante premios y condicionalidades previstos en los mecanismos de subasta o en las contrataciones públicas. Sería deseable el acompañamiento del Banco Nación o el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Asimismo, los esfuerzos pueden dirigirse a nutrir el FODER para activar su rol de financiamiento de proyectos renovables.
Potenciar el rol de las empresas públicas en la transición energética puede actuar como un gran vehículo en el proceso de transición. YPF Luz, subsidiaria de YPF, desarrolla proyectos de energía eólica y solar en el mercado argentino. A través de esta, se puede promover la compra de bienes y contratación de servicios de origen nacional. IMPSA podría crecer al calor de grandes servicios de reparaciones y la provisión de aerogeneradores en proyectos puntuales, vinculados a la generación eléctrica para el sector público o para proyectos de hidrógeno verde, en lugar de competir en subastas internacionales donde se ve desfavorecida en escala y precios ofertados. En este sentido, fortalecer el clúster renovable nacional, implica una tarea mancomunada entre gobierno nacional y provinciales que no solo da un marco federal a la transición, sino que también puede potenciar capacidades locales detectadas por los Estados subnacionales. Por esa razón, es menester darle continuidad y profundidad al espacio del clúster.
Una condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito de una política productiva es el alineamiento interno de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como subnacional, y su articulación con el sector privado y el sistema científico y tecnológico. Los desafíos que impone esta condición se complejizan ante la magnitud y la importancia estratégica del proceso de transición energética que busca llevar adelante Argentina. En ese sentido, toma particular relevancia el acceso a financiamiento, bajo las restricciones que afronta el país en materia de divisas.
Otro punto fundamental que se ampliará en futuras notas es el financiamiento para que grandes usuarios del sistema eléctrico incorporen energías renovables con contenido local. Los Grandes Usuarios (GU) del sistema eléctrico deben ajustarse a la meta estipulada por la Ley 27.191 que fijó un consumo eléctrico de origen renovable del 20% sobre el total de su consumo en el año 2025. En ese marco, debe aprovecharse la oportunidad para diseñar una política industrial a partir de líneas de financiamiento que estimulen la adquisición de componentes/tecnologías nacionales de fuentes renovables por parte de los GU en sus contratos del MATER o para la autogeneración.
Además, se debe seguir impulsando la instalación de sistemas de generación distribuida por medio de la consolidación de los marcos regulatorios necesarios para el desarrollo de la actividad y la difusión de los beneficios que presenta la misma. El apoyo a la regulación de la actividad, la promoción de la misma y la disposición de financiamiento (acciones que viene llevando a cabo por ejemplo, el Consejo Federal de Inversiones) es fundamental para el desarrollo de esta actividad.
Por último, como fue mencionado al principio de esta nota, el sector de energía está muy masculinizado y, actualmente, solo 1 de cada 3 puestos de trabajo está ocupado por mujeres en el sector de energías renovables a nivel mundial. En Argentina la equidad de género es también una cuenta pendiente. En la Misión se plantea una serie de propuestas para mejorar la equidad de género en el sector energético que, como otras propuestas, se pueden leer de manera completa en el documento de base de está Misión.
En conclusión, la transición energética que genere los resultados esperados a nivel productivo, territorial y de género, no será espontánea ni instantánea, requiere de acciones y decisiones de política pública y un esquema de planificación de largo plazo que lo viabilice. La presente Misión del Plan Argentina Productiva 2030 buscó, justamente, aportar un insumo para alcanzar este objetivo.
El desarrollo completo de este proyecto – Promover la producción de bienes y servicios para incrementar la participación de la energía limpia y fomentar el proceso de transición energética- de la Misión 2 -Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa- del Plan Argentina Productiva 2030 se puede leer completo en el siguiente link.
Por Nicolas Barcos y Paloma Varona
