Argentina tiene una oportunidad concreta de convertir al sector semillero en uno de sus motores de innovación, productividad y exportaciones. El país combina un mercado agrícola de gran escala, capacidades científico-tecnológicas acumuladas y una base empresarial con desarrollos de frontera. Pocas actividades tienen una conexión tan directa entre conocimiento, innovación local y mejoras de productividad en uno de los principales complejos exportadores argentinos. La discusión sobre la ley de semillas y la potencial adhesión a UPOV 91 debería partir de esa oportunidad.
La discusión sobre el régimen de propiedad intelectual en semillas volvió al centro de la agenda en los últimos meses. El acuerdo comercial firmado con Estados Unidos reactivó un debate que lleva décadas sin resolución legislativa. El compromiso del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto de adhesión al Acta de 1991 de UPOV volvió a ordenar la discusión pública en torno a la disyuntiva de adherir o no adherir. Pero este abordaje resulta muy limitado para un sector con altas implicancias productivas para el país. La pregunta relevante es qué aporte puede hacer el sector semillero al desarrollo productivo argentino, y a partir de ahí pensar el régimen de propiedad intelectual e ir más allá. Esto, además, implica entender los conflictos entre los actores del agro en torno a esta cuestión.
Argentina tiene un enorme potencial en semillas. Se trata de un sector de alta intensidad tecnológica, capaz de generar innovaciones propias y de traccionar a partir de ellas los rendimientos agrícolas, con efectos directos sobre la producción y las exportaciones. Ese potencial se apoya en tres pilares. En primer lugar, la escala. El campo argentino constituye uno de los principales mercados de semillas del mundo y genera una demanda que permite amortizar los costos del mejoramiento genético, con posibilidad de ampliarse a la región. El caso del arroz ilustra esa proyección, ya que el programa del INTA obtiene de Brasil más del 90% de sus ingresos por propiedad intelectual. En segundo lugar, las capacidades científico-tecnológicas acumuladas. El INTA sostiene programas de mejoramiento activos en numerosos cultivos y el sistema público de ciencia y técnica cuenta con trayectoria en biotecnología vegetal, incluida la edición génica, técnica de frontera en la que el país dispone de capacidades reales. En tercer lugar, una base empresarial que combina empresas innovadoras en biotecnología (con hitos destacados como el primer evento mundial de resistencia a sequía, en asociación con el sector público) o múltiples desarrollos con edición génica con un entramado de empresas que desarrollan variedades de distintos cultivos, entre las que se destaca la principal empresa mundial de desarrollo de variedades de soja.
Ese potencial convive con un mercado que presenta fuertes problemas de apropiabilidad en semillas autógamas, tales como la soja, el trigo, el arroz, el poroto o el garbanzo. La Ley 20.247 reconoce el uso propio sin plazo ni límite de superficie, lo que fue interpretado de manera extendida como un derecho gratuito e irrestricto, en un contexto de control muy débil en el que entre el 70% y el 80% de los productores no acredita el origen legal de la semilla que siembra en cultivos autógamos. Así, en soja, la semilla fiscalizada apenas alcanza el 19% de la superficie, proporción que aumenta al 40% si se incluye lo regulado por contratos privados. En otros cultivos los guarismos son aún más bajos. Estas condiciones, lógicamente, desincentivan la inversión en mejoramiento. De hecho, en soja sólo dos compañías mantienen programas activos y en cultivos regionales la presencia de programas competitivos es reducida o nula. Las trayectorias de rendimiento reflejan este cuadro. Desde el año 2000, el maíz, cultivo en el que el productor renueva anualmente la semilla por ser una especie alógama en la cual el uso propio penaliza significativamente el rendimiento, acumuló un incremento del 42%, mientras que la soja creció apenas un 12% y el trigo un 29%.
En este marco cabe precisar qué implica realmente UPOV 91. El Acta restringe el uso propio gratuito y obliga a cada país a legislar su alcance, habilitando excepciones facultativas. Sin embargo, la experiencia regional muestra que la adhesión no constituye condición necesaria ni suficiente para formalizar el mercado. Por ejemplo, Brasil y Uruguay adhieren al Acta de 1978, igual que Argentina, y exhiben tasas de semilla certificada en soja del 70% y del 84%, respectivamente.
El desafío consiste, entonces, en darle al debate un sentido productivo con criterios de equidad y federalismo. En esa dirección proponemos una reforma con cinco ejes. En primer lugar, controlar el origen legal de la semilla. A través del SISA, el INASE puede requerir la acreditación mediante la factura de compra, un procedimiento de bajo costo capaz de cubrir más del 80% de la superficie sembrada. En segundo lugar, avanzar hacia un uso propio oneroso que exima a los pequeños productores con criterios diferenciales por cultivo, logrando que cerca del 80% del área quede alcanzada por el pago mientras que más del 70% de los productores, los de menor escala, queden eximidos. En tercer lugar, ofrecer un plazo de adecuación en cultivos como algodón y legumbres, donde la oferta de variedades competitivas es escasa. En cuarto lugar, crear un fondo de I+D a partir de un porcentaje de las regalías para financiar programas de mejoramiento en cultivos regionales y en edición génica, de modo que parte de los recursos generados por el nuevo marco de apropiabilidad se reinviertan en innovación. En quinto lugar, incorporar el concepto de variedad esencialmente derivada, que protege al obtentor frente a modificaciones marginales en variedades y otorga previsibilidad a la inversión en edición génica.
Discutir la ley de semillas meramente como un trámite de adhesión a un convenio internacional y, encima, por iniciativa foránea implica desaprovechar una oportunidad. Argentina reúne escala, capacidades científicas y base empresarial para convertir al sector semillero en un motor del desarrollo productivo que genere innovación y potencie a nuestra agricultura. Lo que falta es un marco integral que combine control efectivo, segmentación por tamaño y cultivo, y reinversión en mejoramiento y biotecnología. Ese debería ser el eje del debate.
Por Pablo Wahren y Gonzalo Brizuela