Qué es la Tokenización, por qué puede darle una agilidad renovada a la producción agropecuaria y como el Decreto 475/2026 puede ser la pieza clave para que esto suceda.
En un mundo tan vertiginoso, los países ven cambiar sus estructuras productivas y financieras a una velocidad inaudita. En particular, en los últimos años se ha visto un incremento tangible en la participación de derivados de la llamada web 3 en las economías del mundo. Algunos Estados eligieron tener parte de sus reservas en criptomonedas, otros comenzaron a regular los activos digitales con más firmeza (Dubai creó la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales). Algunos, también, han comenzado a valorar el rol que este nuevo tipo de tecnologías puede cumplir dentro de sus entramados productivos.
Entre los numerosos usos de todas las tecnologías que se desprenden del Blockchain, una de las que más directamente puede insertarse en las cadenas productivas es la tokenización. Tokenizar, de modo sucinto, implica crear una representación digital de un activo real (un campo, una tonelada de soja, un departamento, un contrato) y registrarla en una determinada Blockchain. Esto lo vuelve permanente, fraccionable, líquido, transferible y auditable.
Afortunadamente, la Argentina mostró un interés temprano en esta tecnología. A fines de 2024 la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General N° 1069¹, convirtiéndonos en el primer país de América Latina con un régimen regulatorio de los tokens de RWA (real world assets)¹. Su reglamentación es la base sine qua non para que florezcan múltiples aplicaciones en variados segmentos de la economía y las finanzas nacionales.
Si pensamos en sectores tradicionales de la economía argentina con margen para apalancarse en nuevas tecnologías disruptivas, es casi impensable no comenzar con el sector agropecuario.
La iliquidez del campo
Para 2026, y desde hace varios años, uno de los grandes obstáculos con los que se enfrentan los productores argentinos, tanto para mantenerse productivos como para modernizarse, es el acceso al financiamiento. Estas barreras discurren en el plano del capital disponible y de los formatos disponibles. Hoy el acceso a financiamiento externo para los productores es significativamente bajo. El informe AG Barómetro de la Universidad Austral preguntó a sus encuestados: «¿Cómo ha financiado los insumos que utilizó para la campaña 2025-2026 de maíz y soja?». Del grupo encuestado, tan solo el 20% accede a financiamiento que no sea propio o proveniente de canje con proveedores².
Aquí cabe hacer una breve digresión: ¿la deuda es inherentemente buena o mala? Como hemos de imaginar, depende de una multiplicidad de factores. A fin de simplificar el análisis, si miramos únicamente los fines de esa liquidez adquirida, vemos dos canales claros. El crédito tomado para la expansión, el capital de trabajo o la adopción tecnológica permite potenciar la producción — en este sentido es una inversión que mejora los activos. Alternativamente, tomar deuda para solventar pagos por falta de liquidez es menos claramente ventajoso. El campo tiene además un problema intrínseco a su actividad: la iliquidez de sus activos. Podemos argumentar entonces que no necesariamente la toma de deuda implica problemas de solvencia, sino de capital líquido y de posibilidad de convertir activos en dinero disponible con rapidez. Es importante señalar, no obstante, que el riesgo productivo no es un dato menor: un productor que se endeuda y luego sufre una sequía enfrenta un problema real de repago.
Volviendo a la situación actual, al 31 de diciembre de 2025, los préstamos bancarios otorgados a empresas del sector ganadero registraron un pasivo total de aproximadamente USD 1.133 millones, el segundo mayor nivel de endeudamiento del sector en las últimas dos décadas, solo superado por el máximo de 2017 cuando los saldos totalizaron USD 1.406 millones³. Sin embargo, al evaluar que el valor total de la hacienda en stock rondaba los USD 53.500 millones, el apalancamiento equivale a tan solo el 2,1%³ — significativamente bajo. Para el mismo período, un cálculo aproximado del financiamiento sobre el valor de la producción agrícola (soja, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol) arroja niveles superiores al 10%, evidenciando una brecha significativa en el acceso al crédito entre ambos sectores³.
La Comunicación «A» 7600, emitida el 9 de septiembre de 2022, estableció que todo productor con más del 5% de su producción anual de soja en acopio debía pagar una tasa mínima del 120% de la tasa de Política Monetaria⁴ — en la práctica, una penalización por no vender el grano. La norma se prorrogó sistemáticamente hasta abril de 2026, cuando el BCRA la eliminó definitivamente a través de la Comunicación «A» 8418⁴. A través de esta norma y su sucesora A7931, se imponía una sobretasa de hasta el 20% a quienes tenían más del 5% de su soja en acopio. Hasta hace muy poco, entonces, la posibilidad de acceder a crédito por parte de los productores agrícolas también estuvo sumamente condicionada.
El peso ya no financia
En los últimos años se ha evidenciado un abandono paulatino de los créditos tomados en pesos. En 2023, los pasivos ganaderos en moneda extranjera rondaban el 9%; para 2024 llegaron al 22% y a finales de 2025 treparon al 42% del total³. Como causa de esta migración tan abrupta, entre otras cosas, se destacan las altas tasas de interés en pesos en términos reales, muchas veces superiores a la inflación proyectada².
La inversión depende tanto del flujo de fondos proyectado como del costo del capital. Financiar un proyecto en pesos en la Argentina de hoy es costoso y el mercado de crédito es pequeño, especialmente para proyectos de mediano y largo plazo. Esta característica no es exclusiva del sector agroganadero. De acuerdo con el Banco Mundial, mientras países como Uruguay, Paraguay y Brasil presentan ratios de crédito interno sobre PBI superiores al 30%, 50% y 70% respectivamente, Argentina apenas supera el 15%⁵.
Hay riqueza, pero está bloqueada
Frente a esta escasez de financiamiento se abren nuevas oportunidades. El productor argentino tiene activos de enorme valor — tierra, hacienda, granos — pero son activos de baja liquidez: no se pueden fraccionar fácilmente, utilizarlos como garantía no es un proceso ágil y no generan liquidez sin venderse. En esto la tokenización tiene mucho por aportar, no creando riqueza nueva, sino desbloqueando y disponibilizando la que ya existe.
Si el productor tokeniza sus activos obtiene una representación divisible, líquida y ágil que abre nuevas oportunidades de financiamiento. El objetivo no debería ser que el productor argentino se endeude más, sino que pueda acceder a capital en las condiciones y los tiempos que su negocio requiere para crecer, no solo para sobrevivir.
Entre las alternativas disponibles, una de las más simples es utilizar los tokens como colateral. El grano sigue en la silobolsa y sigue siendo del productor, pero funciona como garantía en un sistema financiero digital. Esto le permite vender cuando el momento es propicio, con más agilidad que la que otorga el sistema bancario tradicional.
También puede tokenizarse un activo inmobiliario como el campo. Los procesos de fraccionamiento tradicionales pueden ser muy costosos, con gastos que no se justifican para campos pequeños o medianos. Con tokenización, el campo puede dividirse en múltiples tokens: el productor vende un porcentaje sin perder el control operativo, o los usa como garantía parcial para acceder a liquidez. Simultáneamente, baja el ticket mínimo para el inversor, lo que expande el mercado de potenciales compradores y lo democratiza.
Los tokens se crean a través de los llamados «contratos inteligentes», que quedan registrados de manera inmutable en la blockchain. Pero el poder de los smart contracts es mucho más amplio que crear tokens: las condiciones de los contratos económicos, que se ejecutan de manera automática, son totalmente configurables.
Así se abre la puerta a esquemas de financiamiento a medida. El ciclo agrícola tiene momentos de alta necesidad de liquidez (la siembra) y momentos de alta disponibilidad (la post-cosecha). Los sistemas bancarios tradicionales no se ajustan a esos ritmos, tienen plazos rígidos. Un instrumento tokenizado puede diseñarse con la lógica del ciclo productivo: se financia en octubre y se cobra en mayo cuando entra la cosecha de soja. El smart contract ejecuta exactamente eso, sin necesidad de renegociar con el banco ni justificar la demora. Adicionalmente, el mercado deja de ser nacional y pasa a ser global: pueden acceder inversores de cualquier nacionalidad con acceso a internet.
Una última alternativa, algo más compleja pero igualmente interesante, es la tokenización de flujos futuros. El sistema tradicional ofrece algo similar: el productor vende soja a futuro en el mercado de granos o hace un contrato de canje con el proveedor pagadero a cosecha. Según el AG Barómetro, el 61% de los productores se autofinancia y el 49% hace canje con el proveedor². La tokenización lleva este proceso a otro nivel, de manera más eficiente y a menor costo.
El productor puede tokenizar su producción esperada antes de que exista físicamente: al momento de sembrar, emite tokens que representan cierta cantidad de toneladas a cosechar. Cuando entra la cosecha, el smart contract liquida automáticamente. El productor necesita capital hoy para generar ingresos en meses que siguen un plazo biológico, no financiero. Ese desfase es exactamente lo que el sistema tradicional no logra cubrir.
¿Qué nos detiene?
Las opciones que ofrece la tokenización son ágiles, personalizables y permiten acceder a un mercado sustancialmente más extenso. Lo más importante es esto: la tokenización otorga la posibilidad de generar ritmos de repago y financiamiento acordes a las necesidades propias de la producción agropecuaria.
Según la Cámara Argentina Fintech, históricamente, un impedimento fundamental que ha frenado la adopción de esta tecnología: el Impuesto a los Débitos y Créditos (IDC). El Decreto 796 de 2021 excluyó expresamente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) del régimen de exención del IDC que sí alcanza a bancos, ALyCs, PSPs y otros actores regulados del sistema financiero, generando una clara desigualdad fiscal⁶.
En términos simples: el banco no paga este impuesto. La plataforma de tokenización, sí.
La tasa general es del 0,6% sobre cada movimiento (0,3% por débito y 0,3% por crédito). En operaciones que sustituyen el uso de cuenta corriente puede llegar al 1,2%. En una operación de tokenización que involucra múltiples movimientos de fondos (emisión, inversión, liquidación) ese impuesto se acumula en cada paso⁶.
Hace tan solo un par de días, el día 18 de junio, el gobierno anunció en el Boletín Oficial el Decreto 475/2026 que las PSAV quedarían finalmente exentas de este impuesto7. Con esto se abren las puertas a múltiples aplicaciones de los activos digitales en la economía real.
Paralelamente, sabemos que hay otras variables menos tangibles que enlentecen la adopción de criptoactivos. el Nexo Digital Capital Survey 2026 – Argentina indica que entre las barreras para invertir en activos digitales, la que prima es la falta de comprensión (36%), seguido por preocupaciones como la seguridad (31%), la volatilidad (26%) o la incertidumbre regulatoria (25,7%)8.
En los mercados de Inglaterra y Estados Unidos, el principal obstáculo es la volatilidad. Aún siendo países donde la capacidad de ahorro per cápita es mayor, la Argentina los supera en tasa de tenencia de criptoactivos (74,3% vs 62,3% de Estados Unidos y 65% Reino Unido)8
La barrera técnica de adopción y la falta de conocimiento, sumadas a los desincentivos fiscales del IDC, han generado un entorno que no supo ser favorable para la migración hacia modos de financiamiento sustentados en blockchain.
La Resolución General 1069 fue un primer paso necesario. El siguiente fue la igualdad fiscal: extender al ecosistema de activos virtuales las mismas exenciones del IDC que ya tienen bancos, ALyCs y PSPs¹. Sin esa corrección, Argentina corría el riesgo de haber diseñado el mejor marco regulatorio de la región para que otros países capturen el valor que ese marco debería generar acá. Hoy, con ambas barreras superadas, quedan principalmente desafíos culturales y de integración por resolver y muchas aplicaciones por explorar.
Por Esteban Fuster
Referencias
¹ Comisión Nacional de Valores (CNV), Resolución General N° 1069, diciembre de 2024.
² AG Barómetro, Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Campaña 2025-2026. Encuesta a 376 productores de maíz y soja.
³ Rosgan, Informe Semanal del 24 de febrero de 2026, publicado en la Bolsa de Comercio de Rosario. Datos de base: BCRA al 31 de diciembre de 2025. El dato del 10% de apalancamiento agrícola corresponde a un cálculo del propio Rosgan, no a un dato oficial del BCRA.
⁴ BCRA, Comunicación «A» 7600, 9 de septiembre de 2022. Derogada por Comunicación «A» 8418, abril de 2026.
⁵ Banco Mundial, indicadores de desarrollo mundial, crédito interno al sector privado como porcentaje del PBI. Verificar año exacto de los datos antes de publicar.
⁶ Cámara Argentina Fintech, comunicado «El impuesto a los débitos y créditos impide el desarrollo del sector cripto regulado en Argentina», enero de 2026. Base legal: Decreto 796/2021.
⁷ Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 475/2026, Boletín Oficial, 18 de junio de 2026.
⁸ Nexo, «Digital Capital Survey 2026 – Argentina», abril de 2026.