En las últimas décadas, Sudamérica se ha convertido en el segundo polo de producción de celulosa, seguido de Estados Unidos, y en el principal para el abastecimiento del mercado internacional. Esto se debe a los más de 10 proyectos a escala internacional en Brasil, Chile y Uruguay, que superan los USD 25.000 millones.
Paraguay empieza a verse como un jugador importante de la región a partir de un anuncio de inversión de la empresa Paracel de USD 3.200 millones, con accionistas paraguayos y suecos, para la construcción de una planta de celulosa de exportación con forestación propia de 135.000 hectáreas, con 1.800.000 tn/año de capacidad, que se espera esté concluida para 2027.
En el caso de Uruguay, la empresa UPM 2 anunció inversiones en el orden de USD 3.500 millones en Paso de los Toros, en un proyecto de 2.100.000 tn/año de capacidad.
Brasil tiene tres proyectos relevantes a desarrollar en Mato Grosso do Sul:
La empresa Suzano anunció inversiones en el orden de USD 2.800 millones en un proyecto de 2.550.000 tn/año de capacidad.
La empresa Arauco, con un proyecto de 2.500.000 tn/año de capacidad, a finalizarse en 2028, anunció inversiones alrededor de los USD 3.000 millones.
La empresa Paper Excellence, tiene un anuncio de inversión de USD 4.000 millones, para un proyecto de 1.700.000 tn/año de capacidad.
En Argentina la industria del aserrado contó con inversiones importantes a partir del establecimiento de Acon Timber en la provincia de Corrientes, y en lo que refiere a la forestación con la compra de 88.000 hectáreas por parte de Central Puerto. Sin embargo, la última inversión greenfield en el país data en 1982, con la inauguración de Alto Paraná –hoy Arauco–, que permitió el autoabastecimiento de celulosa y convirtió al país en un referente regional en el mercado de celulosa de fibra larga. Estos logros se fueron diluyendo con el tiempo.
La sensación de que se pierden oportunidades se vuelve aún mayor cuando se ordenan los factores que permiten que nuestro país sea altamente competitivo para recibir inversiones que agreguen valor a la cadena forestal, y que podrían tener un impacto económico, social y ambiental positivo.
Entre las razones económicas para aprovechar el potencial industrial del sector forestal, se pueden mencionar:
El patrimonio de plantaciones forestales: Argentina posee 1,25 millones de hectáreas, y al menos 3,7 millones adicionales disponibles para expandir las plantaciones sin afectar sitios de alto valor de conservación.
La competitividad en las locaciones de las mayores plantaciones forestales en la producción de materia prima, con turnos de corte promedio de 9 a 18 años, en contraste con los 30 a 45 años en países del hemisferio norte.
La sobreoferta de madera, acumulada anualmente al stock, principalmente en la zona núcleo (Misiones, Corrientes y Entre Ríos), que podría proveer a dos plantas de pasta celulósica de escala mundial, o a una planta de pasta y aproximadamente diez aserraderos de gran escala.
El potencial para generar divisas a través de menores importaciones y mayores exportaciones, aprovechando la creciente demanda global de productos forestales sostenibles y de calidad. El balance comercial de la cadena de valor forestal muestra valores estructuralmente deficitarios: en 2022 el déficit fue de USD 899 millones y para 2023 se estima uno superior a los USD 700 millones.
Las oportunidades en materia social con las que cuenta el país para promover las inversiones en la cadena se pueden listar de la siguiente manera:
Recursos humanos calificados, programa de certificación de trabajadores forestales y programas de formación continua.
Existencia de instituciones científicas y tecnológicas de respaldo, como institutos, carreras universitarias y observatorios, que facilitan la generación de proyectos de inversión de mediana y gran escala.
Además, el desarrollo integral de la cadena forestal podría generar 87.000 puestos de trabajo vinculados a los eslabones de la forestación, producción de celulosa y papel, así como promover la creación de empresas tecnológicas vinculadas al sector.
Por último, el sector foresto-industrial desempeña un papel significativo en la protección del ambiente y la mitigación del cambio climático, dado que los productos de base forestal mantienen capacidad de secuestro y almacenaje de CO2 y la industria forestal promueve el uso de energías renovables basadas en biomasa vegetal.
De cumplir con algunas condiciones –necesarias pero no suficientes–, como la estabilización macroeconómica, la creación de un marco legal que garantice estabilidad en las inversiones, el abastecimiento de materia prima y la obtención de la licencia social Argentina podría avanzar en el establecimiento de proyectos para el desarrollo de la cadena foresto-industrial.
Las condiciones necesarias para el desarrollo del sector en nuestro país
En el documento La foresto-industria en Argentina. Oportunidades, desafíos y líneas de acción para una estrategia productiva sectorial (Leandro Mora Alfonsín) enmarcado en el Plan Argentina Productiva 2030, se ordenan de manera clara cuáles son los desafíos fundamentales que debe enfrentar nuestro país para aprovechar las oportunidades que presenta el sector.
El primero es la disponibilidad de capital, cuya primera dificultad es de orden macroeconómico. Las inversiones necesarias para el desarrollo del sector son de capital intensivo y de larga maduración, por lo que se hace necesaria cierta previsibilidad para la toma de decisiones.
El segundo desafío es la necesidad de alcanzar la licencia social. El conflicto de Botnia es un factor determinante para explicar el estancamiento en la producción de celulosa y papel. El rechazo, por cuestiones ambientales, a la instalación de Metsä Fibre en Entre Ríos y el conflicto diplomático con Uruguay cuando recibieron esas inversiones siguen siendo barreras en la agenda política para avanzar en la atracción de inversiones para el sector.
El tercer desafío es la necesidad de garantizar la disponibilidad de forestación propia (aproximadamente el 60 o 70%) para proyectos de inversión extranjera. Para ello es necesario generar mecanismos de excepción a la Ley de Tierras N° 26.737, de 2011. Esta normativa tiene impacto directo en la foresto-industria dado que las inversiones de escala necesitan asegurarse el suministro de la madera para el proceso industrial en forma eficiente y competitiva. En Uruguay y en Brasil, si bien existen limitaciones para que los extranjeros adquieran tierras, estas se flexibilizan cuando la adquisición se relaciona con proyectos industriales (Uruguay) o con un proyecto productivo en asociación con alguna empresa local (Brasil).
La necesidad de contar con un marco normativo acorde a las oportunidades y desafíos del sector
Superar los primeros dos desafíos requiere tiempo y excede el análisis sectorial. Por otro lado, es crucial establecer un programa de inversión para proyectos foresto-industriales de gran envergadura. Esto requerirá la creación de un marco legal sólido respaldado por una Ley Nacional de Promoción Sectorial. Además, es esencial contar con un modelo financiero especializado para este sector.
En lo que respecta al marco normativo, recientemente se ha presentado nueva normativa que hace referencia a algunos puntos que pueden ser parte de las condiciones necesarias -pero no suficientes- para que se establezcan inversiones.
Entre esos puntos se busca avanzar en la derogación de la Ley de Tierras, que establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no pueden superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente según la ubicación territorial. Un proyecto de gran escala para plantas de celulosa de fibra corta implica la cosecha de 26.700 hectáreas anuales y de casi 270.000 en un plazo de 10 años de producción. En el caso de una planta de celulosa de fibra larga, se requiere la cosecha de 140.000 hectáreas en 15 años de rotación (9.300 hectáreas promedio por año). Para una fábrica integrada de celulosa y papel kraft liner (de packaging) se necesitan unas 75.000 hectáreas plantadas con una rotación de 15 años, es decir unas 5.000 hectáreas de tala rasa por año.
Más allá de la discusión sobre la derogación total de la Ley de Tierras, debería realizarse una adecuación normativa con cláusulas que penalicen el incumplimiento de plazos de los proyectos extranjeros, y que garanticen la devolución de los terrenos adquiridos en caso de que no se avance en la realización del proyecto conforme los plazos comprometidos.
Otro de los puntos de la nueva legislación en discusión se relaciona a la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que, entre otros puntos, contempla una serie de incentivos tributarios, aduaneros y vinculados a la política cambiaria. Estos incentivos fueron solicitados por el sector en los últimos años para promover inversiones de gran escala, y entre ellos se destacan:
La libre disponibilidad de divisas de sus ventas al exterior, envío de dividendos y pagos a partir del tercer año de producción.
La reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.
La amortización acelerada, ajuste por inflación, deducción de quebrantos de un período para otro.
Respecto al IVA, la aplicación de un sistema de “certificados de crédito fiscal” que reemplaza el de “devolución de IVA” como sistema de promoción.
La estabilidad aduanera, cambiaria y tributaria por 30 años.
Un marco legal de estas características, que priorice las inversiones en el máximo nivel de decisión política; que genere una política de Estado de largo plazo debido a que son inversiones grandes (de más de USD 1.000 millones), capitales intensivas y con vida útil mínima de 40 años; que garantice beneficios impositivos y financiamiento de largo plazo; y que ponga al país en igualdad de condiciones con la región es una condición necesaria pero no suficiente para generar inversiones en el sector.
El rol del Estado nacional y de los provinciales es clave para articular entre el sector público y el privado, y para permeabilizar los cambios en el marco regulatorio. Se proponen a continuación algunos ejemplos de acciones concretas, y también una serie de actores de relevancia que podrían llevarlas a cabo:
Identificación de socios locales y establecimiento de políticas de atracción de inversiones internacionales. Esto podría estar a cargo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Cancillería y agencias de promoción provinciales.
Generación de acuerdos bilaterales de protección de inversiones, como tienen otros países de la región. Esto debería ser parte de la agenda de la Cancillería y el Congreso de la Nación.
Formulación de proyectos con evaluación de impacto ambiental, que podría estar a cargo de los gobiernos provinciales en articulación con el sector privado y con apoyo de organismos multilaterales.
Comunicación transparente con las comunidades donde se puede instalar un proyecto de estas características. Conseguir la licencia social permitirá autorizar y monitorear las evaluaciones de impacto ambiental, generar la normativa y crear las agencias de control a cargo de los gobiernos provinciales, entre otras políticas.
Por Federico Cetrángolo
