Transformaciones del mundo del trabajo: entre la informalidad, la precarización y el trabajo de cuidados
Pensar la educación para el trabajo exige mirarla dentro de una estrategia de desarrollo productivo: sin creación de empleo formal, regulación y protección social, la formación no alcanza. En un escenario donde el empleo asalariado estable pierde centralidad frente a las trayectorias laborales fragmentadas (pluriempleo, cuentapropismo), atravesadas por la informalidad, la precarización y la carga de cuidados no remunerados -que afecta especialmente a mujeres jóvenes-, esta nota revisa los límites de los discursos sobre empleabilidad y meritocracia. El foco está en cómo las desigualdades territoriales, generacionales y de género estructuran las oportunidades reales de inserción. Al final, se sintetizan cuatro desafíos para orientar políticas de formación con anclaje territorial, enfoque de derechos y estrategia productiva.
Argentina presenta una marcada heterogeneidad estructural: coexisten regiones con sectores dinámicos vinculados a la economía del conocimiento, la agroindustria tecnificada, la energía, minería o la industria de alta complejidad tecnológica -especialmente en centros urbanos-, con matrices productivas más tradicionales, caracterizadas por una alta presencia de actividades de baja productividad, alta informalidad y limitada capacidad de absorción de innovaciones.
Por otra parte, en muchas provincias del país la estructura productiva no genera empleo formal suficiente para absorber los perfiles formados. Este límite se profundiza cuando las estrategias de desarrollo priorizan sectores de baja capacidad de absorción laboral en detrimento de sectores intensivos en empleo como la industria y la construcción. La desigual capacidad de absorción se expresa también en la densidad de empleo: mientras en CABA se registran 52 personas ocupadas cada 100 habitantes, en provincias del Norte Grande -especialmente del NEA- ese valor desciende a 36 en Formosa, 38 en Chaco y 39 en Corrientes¹. Estas cifras no solo reflejan menor dinamismo económico, sino brechas estructurales en las oportunidades de inserción laboral.
A la vez, la industria -históricamente organizadora de empleo formal e identidades ocupacionales- muestra un corrimiento desde el empleo asalariado hacia modalidades no asalariadas o informales: entre 2023 y 2025 se perdieron aproximadamente 44 mil puestos registrados y 24 mil no registrados en el sector industrial, mientras creció el empleo no asalariado en torno a 69 mil personas²
La informalidad alcanza al 40,1% de la población en Argentina (por debajo del promedio regional 47,6%)³. La precariedad excede el no registro: incluye inestabilidad, bajos ingresos, falta de protección y la incertidumbre permanente sobre la continuidad del empleo, configurando la figura del trabajador pobre4. Esta precarización también se distribuye de forma desigual a lo largo del país: en 2022 coexistían jurisdicciones con informalidad inferior al 25% (como CABA, Tierra del Fuego y Santa Cruz) con provincias del Norte Grande con valores por encima del 50% (como Chaco, Santiago del Estero y Salta)⁵.
En la región, las reformas laborales recientes consolidan un patrón de flexibilización que desplaza los riesgos desde las empresas hacia las personas. Bajo el discurso de modernización y desregulación, la reforma impulsada recientemente en Argentina por el gobierno de Milei amplía figuras de autonomía, períodos de prueba y mecanismos alternativos a la indemnización, sin avances equivalentes en derechos vinculados al cuidado -como licencias parentales o corresponsabilidad-. Se consolida así un modelo de trabajador disponible sin interrupciones, que profundiza desigualdades de género y generacionales.
Las perspectivas de centro-derecha tienden a proponer salidas centradas en la adaptación individual, reforzando la idea de que cada trabajador debe gestionar de manera autónoma su inserción en mercados laborales inestables. Las nuevas derechas aprovechan el malestar social reproduciendo los discursos de empleabilidad que ponen la responsabilidad en el trabajador como individuo, despolitizando el conflicto laboral.
Este tipo de discursos se aleja de la realidad cotidiana del mundo del trabajo. Las trayectorias juveniles muestran con claridad los límites de la narrativa meritocrática y la empleabilidad. En América Latina, la participación y ocupación juvenil (15–24 años) es sistemáticamente menor que la adulta y el desempleo juvenil suele triplicar al adulto. En Argentina el desempleo juvenil fue cercano al 18% en 2024. A su vez, cuando los jóvenes logran insertarse, lo hacen mayoritariamente en condiciones precarias: la informalidad juvenil en la región ronda el 56%, y en Argentina supera el 65% entre menores de 24 años⁶.
Las transiciones escuela-trabajo son aún más frágiles en zonas rurales y barrios populares, y se agravan donde hay baja densidad de empleo y menor capacidad de absorción. La desigualdad también se ve en la continuidad educativa: aunque la finalización del nivel medio es alta en Argentina, el acceso al superior está fuertemente segmentado por nivel socioeconómico y territorio.
La categoría de jóvenes NiNi (no trabajan ni estudian) suele presentarse como un indicador de vulnerabilidad estructural. En Argentina, este grupo representaba aproximadamente el 15% de la población joven en 2023⁷. Pero estas categorías no son neutras: tienden a estigmatizar trayectorias atravesadas por la informalidad, la pobreza y la desigualdad educativa, invisibilizando restricciones estructurales.
Uno de los factores más invisibilizados es el trabajo de cuidados no remunerado. En Argentina alrededor del 67% de las personas jóvenes en situación NiNi se encuentran en esa condición por responsabilidades de cuidado, y el 95% de ese grupo son mujeres⁸. La etiqueta NiNi oculta que muchas sí trabajan, aunque lo hagan sin remuneración ni reconocimiento social.
En este contexto, la lógica de la inserción laboral no es neutral. Las trayectorias están atravesadas por la división sexual del trabajo, que separa trabajo productivo y reproductivo. En Argentina, la brecha salarial ronda el 25% y la desigualdad se expresa con claridad en el uso del tiempo: las mujeres dedican en promedio 6:31 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado frente a 3:40 en los varones⁹.
Estas cargas también están territorializadas: la carga total de cuidados tiende a ser mayor en NEA y GBA que en la Patagonia, lo que incide directamente en la disponibilidad para estudiar o trabajar¹⁰. Estas cargas condicionan continuidad educativa, disponibilidad para el trabajo y participación colectiva. Estas desigualdades tienen su correlato en peores condiciones de inserción laboral, incluso cuando las mujeres logran acceder al empleo remunerado. En 2023, la tasa de informalidad femenina fue del 40,2%, frente al 36,2% entre los varones¹¹.
Por otro lado, el aumento de la escolaridad no se traduce automáticamente en mejores inserciones laborales. La estructura de puestos disponibles no acompaña el perfil educativo de la población, generando sobreeducación y subocupación, particularmente entre personas con educación media completa y superior. Aunque el nivel educativo promedio de las mujeres ocupadas es superior al de los varones, la probabilidad de que una mujer asalariada se inserte en la informalidad es 11 puntos porcentuales más alta que la de un varón, lo que da cuenta de mecanismos persistentes de segregación y discriminación laboral¹²
En estas condiciones, resulta necesario repensar la lógica de la educación para el trabajo, dando cuenta de las transformaciones y problemas sociales que atraviesan la inserción en el mercado laboral. A esos efectos, un replanteo supone:
1. Formar para un nuevo régimen de trabajo.
La educación por sí sola no es garantía automática de integración laboral, tiene que acompañarse de protección social, regulación laboral y estrategias productivas. Esto implica dejar de organizarse solamente como la antesala del puesto de trabajo y plantearse como un eslabón en un entramado de derechos: formación, protección, certificación, horizontes de formalización y condiciones laborales mínimas.
2. Superar la narrativa de la empleabilidad.
Implica desacoplar la educación para el trabajo de la lógica individual: cuando la respuesta es solo adaptarse mejor, el problema se despolitiza y se invisibilizan las restricciones del mercado, que son estructuralmente desiguales. Repensar supone problematizar los sentidos del trabajo, las trayectorias posibles y los límites reales de la inserción laboral en contextos de precarización. No es formar para adaptarse a la inestabilidad, sino organizar trayectorias dignificadas con una mirada colectiva. Esto exige reponer actores y mediaciones: sindicatos, políticas públicas y espacios de diálogo social que definan qué se forma, para qué sectores y bajo qué condiciones.
3. Reconocer las trayectorias juveniles y el límite de la promesa meritocrática.
Las trayectorias juveniles están atravesadas por la informalidad temprana, la segmentación y las desigualdades de origen, que condicionan las oportunidades. Repensar exige diseñar dispositivos compatibles con trayectorias intermitentes: esquemas de entradas y salidas flexibles, certificación modular, reconocimiento de aprendizajes previos y sistemas de acompañamiento para sostener continuidad, sin moralizar el abandono como falla individual.
4. Desfamiliarizar, desfeminizar y redistribuir el cuidado.
Incorporar la dimensión del cuidado no como un desvío del trabajo productivo, sino como un factor estructural que condiciona el acceso al empleo, resulta clave para diseñar políticas más efectivas y territorialmente situadas. El enfoque de transversalización de género (gender mainstreaming) surge como una herramienta eficaz para evitar que la perspectiva de cuidados quede confinada a programas específicos y lograr que atraviese el diseño de políticas educativas, laborales y productivas en su conjunto. Incorporar cuidados no es un componente social accesorio: es un criterio de diseño. Esto implica revisar tiempos de cursada, modalidades, presencialidad, duración de los trayectos, requisitos administrativos, apoyos económicos y articulación con políticas de cuidado (acceso a establecimientos gratuitos, cercanos y accesibles), entendiendo el tiempo como un recurso político distribuido de manera desigual.
De este recorrido se desprenden cuatro desafíos de política que ordenan una agenda de transformación. Si tomamos la idea de Dani Rodrik¹³ sobre las políticas públicas, no se trata de imaginar soluciones ideales, sino construir viabilidad institucional en un contexto adaptado a la realidad. Esto implica planificar con anclaje territorial real, construyendo dispositivos adaptables a matrices productivas concretas, aprovechar capacidades estatales intermedias, sostener diálogo social y capitalizar aprendizajes territoriales, articulando aportes del feminismo y el sindicalismo para convertir la educación en política de derechos y de desarrollo.
- Reconocer el trabajo real: diseñar políticas para trayectorias híbridas e intermitentes, sin resignar el horizonte de formalización, protección y mejora de ingresos.
- Reponer marcos colectivos: desacoplar la formación de narrativas meritocráticas, fortaleciendo enfoques colectivos y territoriales; revisar regulación, negociación, y marcos de derechos laborales como condición de efectividad de la política formativa.
- Incorporar la reproducción de la vida y los cuidados como dimensión estructural de la política educativo-laboral (tiempo, modalidades, apoyos e infraestructura) para sostener trayectorias educativas.
- Territorializar: con diagnósticos productivos locales, diálogo social, coordinación interministerial y mecanismos de seguimiento de trayectorias.
Repensar la educación para el trabajo no implica abandonar la centralidad del trabajo productivo, sino redefinirlo en diálogo con las condiciones reales en las que se produce y se vive, incorporando la sostenibilidad de la vida, la justicia social y la igualdad de género como criterios orientadores del desarrollo.
Por Mercedes Menga