La contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático conforman la triple crisis planetaria que enfrenta hoy la humanidad (What is the Triple Planetary Crisis?, UN Climate Change). Para asegurar un futuro viable es necesario abordar cada uno de estos problemas pero, como estos problemas no siempre comparten la misma causa, no existe una solución única que pueda resolverlos simultáneamente. Todos los actores deben aportar soluciones desde todas las esferas: los gobiernos a través de políticas sostenibles, las empresas implementando prácticas más responsables, y la sociedad civil adoptando cambios en los hábitos de consumo y estilos de vida.
Entre las estrategias que exploran los gobiernos viene creciendo en popularidad el etiquetado ambiental del presupuesto. Esta herramienta permite tener una mirada transversal del impacto de las políticas públicas en las tres patas de la crisis, ya que implica identificar y clasificar cada una de las inversiones asignadas de acuerdo a si atienden o no un objetivo ambiental.
Evolución del uso de etiquetado ambiental en países de la OCDE, 2020 vs. 2022
Fuente: OCDE (2024).
El presupuesto público refleja las prioridades y objetivos de un gobierno mediante la asignación de recursos. Organiza los gastos según programas, proyectos y actividades específicas, contribuyendo a una gestión más eficiente y orientada a resultados. En este contexto, el etiquetado ambiental del presupuesto implica identificar y clasificar cada una de las inversiones de acuerdo a si atienden o no un objetivo ambiental (Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Presupuesto con perspectiva ambiental, 2023).
Ahora bien, ¿qué beneficios tiene un presupuesto con etiquetado ambiental? Dado que el presupuesto ofrece una visión integral de todas las actividades gubernamentales, el etiquetado facilita no sólo el seguimiento del gasto en sostenibilidad, sino también un diagnóstico sobre el alcance del esfuerzo ambiental del gobierno frente a la crisis ambiental. A su vez, promueve la incorporación de perspectiva ambiental en los programas nuevos o existentes, y permite ampliar la oferta de financiamiento verde, ya que brinda a las entidades financieras una comprensión clara de cómo se utilizan sus fondos.
Aunque se trata de una herramienta relativamente joven en la práctica gubernamental, ya cuenta con casos en todo el mundo tanto a nivel nacional como subnacional. Por mencionar algunos ejemplos nacionales, Francia fue uno de los primeros países en introducir el etiquetado ambiental. En América Latina puede mencionarse a Chile, Colombia y México, según se desprende de un documento de investigación de la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional. A nivel subnacional, Cerdeña (Italia), Oslo (Noruega) y Andalucía (España) comenzaron a integrar elementos ambientales a sus presupuestos.
Un obstáculo para la implementación del etiquetado es la falta de una única metodología armonizada a nivel mundial. En consecuencia, los países que se están iniciando en la práctica deben invertir recursos y tiempo en conocerla, y definir de qué manera abordarla. A su vez, esto impide el seguimiento de la evolución entre presupuestos. Como medida para asegurar la transparencia, algunos gobiernos han optado por desarrollar sus propias metodologías. En Argentina, hasta el momento, el único caso es el de la Provincia de Buenos Aires, que publicó la suya en 2022.
El etiquetado ambiental no es la única herramienta para incorporar esta perspectiva al presupuesto. Existen instrumentos para abordarlo en cada una de las etapas del proceso presupuestario; entre ellos se incluyen las pruebas de estrés fiscal-ambiental, la modelización probabilística de riesgo de desastre y los análisis presupuestarios ex post. La elección dependerá de una variedad de factores como la disponibilidad de recursos, las prioridades locales y la estructura presupuestaria vigente, entre otros.
De cualquier manera, es un instrumento dinámico y en constante evolución, con el potencial de fortalecer la gestión ambiental y contribuir a la construcción de un futuro más sostenible. Una de sus ventajas principales es que se apoya en un mecanismo ya consolidado dentro de la administración pública —el presupuesto—, lo que permite integrarlo sin alterar los procesos existentes ni generar disrupciones en las prácticas habituales. Además, es aplicable en todos los niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, con el potencial de obtener el mismo impacto en cualquiera de ellos.
En un momento en que se buscan soluciones de todo tipo para enfrentar la triple crisis planetaria, el etiquetado ambiental del presupuesto se destaca como una opción de bajo costo, con un gran potencial de desarrollo y mejora. Además, demuestra el compromiso del gobierno para hacer frente a los problemas ambientales y se propone como un primer paso para la construcción de políticas públicas que contemplen la sostenibilidad de manera integral.
Por Elisa Coghlan y Federico Franzese (@Ffede213)
